Exigen a la fiscal general iniciar averiguaciones penales
La Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo en Rechazo a la Ruptura del Orden Constitucional y a la Permanencia de la Situación de Golpe de Estado en Venezuela.
En el documento, los diputados condenan las más de 50 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, que tildan de inconstitucionales, y sobre todo la 155 y 156 de la Sala Constitucional que retiraron a los miembros del presente Parlamento la inmunidad y entregaron a la propia sala las funciones de la AN, respectivamente.
Activaron el proceso que conduzca a la determinación de responsabilidad penal y remoción de los magistrados de la sala, y de hecho Juan Miguel Matheus manifestó que el procedimiento ya comenzó. Responsabilizan al presidente Nicolás Moros por el golpe de estado exigen a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que incoe las averiguaciones conducentes al establecimiento de la responsabilidad penal en la materia.
Rechazan la conducta del defensor del pueblo, Tarek William Saab, «quien en actitud impropia del cargo que ejerce y de los deberes que la Constitución le impone ha puesto otra vez de manifiesto su solidaridad automática con el Ejecutivo Nacional y su complicidad con graves violaciones a derechos humanos.»
Aseguran que lucharán para que se restablezca el orden constitucional en Venezuela, «lo cual supone respetar las atribuciones constitucionales de la 6 Asamblea Nacional y su ejercicio, convocar a la brevedad elecciones en el país y liberar a los presos políticos.»
La Asamblea refirmar su facultad de autorizar la constitución de empresas mixtas en materia de hidrocarburos, en los términos expuestos, y expresar que toda constitución de empresas mixtas por parte del Ejecutivo Nacional sin su anuencia de la Asamblea Nacional es nula.
Exhortan «al pueblo de Venezuela para que se mantenga movilizado y en protesta permanente, junto a sus representantes, conforme al artículo 333 de la Constitución, hasta la recuperación del orden constitucional y la democracia».
También exigen la inmediata cesación de la medida cautelar dictada por la Sala Electoral del TSJ contra los parlamentarios electos por Amazonas, así como la inmediata liberacion de los diputados suplentes Gilber Caro y Renzo Prieto
