La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes una propuesta de reforma que abriría el sector eléctrico a la inversión privada, permitiendo la creación de empresas conjuntas después de casi dos décadas de control estatal.
El proyecto de ley es el último esfuerzo de la presidenta (e), Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero después del derrocamiento de su predecesor por parte de Estados Unidos, para abrir la economía del país al capital extranjero y privado.
Las reformas están respaldadas por el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien ha dicho que su gobierno ayudará a reactivar la economía de Venezuela para beneficiar tanto a las empresas estadounidenses como a los venezolanos.
El sector energético venezolano enfrenta una grave crisis debido a la falta de inversión y mantenimiento, dicen los analistas. Gran parte del país sufre cortes de electricidad que duran horas y afectan los servicios de agua y telecomunicaciones. La inestabilidad de la energía también ha generado dudas entre los inversores sobre si pueden seguir adelante con los proyectos propuestos.
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Los diputados aprobaron el proyecto de ley de 42 artículos luego de un primer debate y ahora deben realizar un período de consulta y un segundo debate para poder aprobar definitivamente la reforma.
El proyecto de ley permite que el desarrollo del sector eléctrico —, incluida la generación, transmisión, distribución y comercialización —, sea llevado a cabo por el Estado, empresas conjuntas en las que el Estado posee una participación mayoritaria del 50%, empresas en las que el Estado tiene una participación minoritaria y empresas privadas, refiere Reuters.
“El establecimiento de cualquier empresa conjunta y los términos de sus concesiones requerirán la aprobación del presidente de la República,” según la exposición de motivos aprobada durante la sesión del martes. De aprobarse, la reforma marcaría una importante reforma del sector, que fue nacionalizado en 2007 por el fallecido expresidente Hugo Chávez. En 2010, su gobierno respaldó una ley que reservaba la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad para el Estado.
Según la propuesta, las empresas conjuntas tendrían una duración máxima de 25 años, con una posible prórroga de hasta 15 años.
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