El Departamento de Justicia de los Estados Unidos rectificó su postura inicial y permitirá que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, utilicen fondos venezolanos para costear su defensa legal. Esta decisión, informada por la fiscalía federal de Manhattan, desbloquea el proceso judicial por narcotráfico que enfrenta la pareja tras su captura y traslado a territorio estadounidense a principios de enero de 2026.
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El obstáculo principal para el avance del caso era la prohibición de acceso a capital venezolano, bajo el argumento de que esto vulneraba el régimen de sanciones. Sin embargo, la situación cambió este viernes:
- Emisión de licencias: El fiscal federal Jay Clayton notificó al tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias modificadas que autorizan el pago de honorarios a los abogados defensores.
- Derecho a la defensa: La pareja había argumentado que la restricción de fondos violaba su derecho a un juicio justo. Tras la resolución del financiamiento, Maduro y Flores retiraron su solicitud de desestimación del caso.
- Posición del Juez: El juez federal Alvin Hellerstein ya había cuestionado en marzo la negativa de la fiscalía, señalando que EE. UU. mantiene relaciones comerciales con Venezuela y que los acusados ya no residen en dicho país.
El caso se centra en acusaciones de larga data que vinculan a la cúpula venezolana con operaciones de tráfico de drogas a gran escala:
- La acusación: La fiscalía alega que Maduro lideró una conspiración para traficar cocaína hacia EE. UU., colaborando con organizaciones terroristas extranjeras para enriquecerse durante sus más de dos décadas en el poder.
- Declaración de inocencia: Tanto Maduro como Flores se han declarado inocentes de todos los cargos imputados.
- Siguiente paso: La fiscalía solicitó una nueva audiencia de estatus para dentro de 60 días, una vez que los equipos legales formalicen su representación con los fondos autorizados.
Este juicio es el resultado de una sorpresiva operación realizada a comienzos de año en Caracas, donde ambos fueron capturados en su residencia y posteriormente extraditados. La resolución del conflicto por los honorarios legales elimina el último gran impedimento técnico antes de que el tribunal de Manhattan inicie la fase de presentación de pruebas y testimonios.
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