El Gobierno interino de Delcy Rodríguez y el Ejecutivo de Donald Trump negocian la inclusión de figuras de la oposición política venezolana en la junta directiva del Banco Central (BCV).
La medida, inédita en casi tres décadas de hegemonía chavista, tiene como objetivo reconstruir la confianza de inversores e instituciones internacionales en el ente emisor.
Según fuentes vinculadas al proceso, la propuesta no sólo busca un reparto de cuotas políticas, sino la creación de un comité de gestión que tenga un perfil tecnocrático.
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La presencia de la oposición política dentro del BCV actuaría como una garantía de transparencia ante los organismos financieros internacionales y, además, ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Con ello, se aseguraría que los capitales que fluyen hacia Venezuela — sobre todo por concepto de renta petrolera — se destinen estrictamente a la estabilización macroeconómica y también a programas sociales.
El botín del desbloqueo
La urgencia de este posible movimiento radica en los activos bloqueados fuera de las fronteras venezolanas.
El caso más emblemático es el de las 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.
La custodia de esas barras ha estado en disputa desde 2019, luego de que Estados Unidos y otras 50 naciones — entre ellas Reino Unido — desconocieron a Nicolás Maduro como mandatario legítimo.
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Una junta directiva «híbrida», reconocida por ambas partes, pondría fin a ese limbo jurídico. Con ello, el Estado venezolano podría tener acceso a los tochos.
Para el Ejecutivo interino de Delcy Rodríguez, el acuerdo representaría un paso hacia la legitimación financiera internacional, así como un alivio a la presión cambiaria.
Para Washington, por su parte, es una herramienta de control. Al exigir la presencia de miembros de la oposición política dentro de la junta directiva del BCV, la administración Trump se asegura de que cualquier flexibilización de sanciones esté atada a la transparencia mediante la rendición de cuentas.
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