Adiós a la Unidad Tributaria: Juan Esteban Korody considera que herramienta es un “cadáver económico”

El sistema tributario venezolano está atravesando una metamorfosis silenciosa pero radical.

Lo que durante tres décadas fue la brújula del contribuyente, la Unidad Tributaria (UT), hoy es oficialmente un «cadáver económico».

En su lugar, el país ha abrazado un modelo de indexación agresiva que, si bien protege las arcas del Estado, profundiza las brechas entre los sectores estratégicos y el resto de la economía nacional.

En medio de tal contexto, Juan Esteban Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), es tajante: la UT ya no existe como indicador de valor real.

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Tras años de rezago intencional para inflar la recaudación mediante «ingresos fantasmas», el sistema ha migrado hacia el euro.

La moneda europea, una de las dos divisas de referencia aceptadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), es hoy el nuevo termómetro impositivo.

Privilegios que causan inequidad

Durante una conversación con la periodista Ginette Goznález, Korody se refirió a otra falla dentro del sistema tributario.

Ésta, dijo, se relaciona con la inequidad. Según su apreciación, las exenciones planteadas en instrumentos como la Ley de Hidrocarburos representan una “agradable sorpresa”.

El abogado cree, sin embargo, que beneficiar exclusivamente a la industria petrolera o al sector minero terminará perjudicando a otros rubros.

En tal sentido, el jurista se atrevió a mencionar a los sectores alimentos, comercio y servicios como los ámbitos más afectados.

“¿Por qué privilegiar la minería sobre la producción de alimentos?”, se preguntó. “La respuesta — sentenció — parece residir en la urgencia del Estado por atraer capitales foráneos a cualquier costo”.

La discrecionalidad, arma de doble filo

Para Juan Esteban Korody, las nuevas leyes de Minas y de Hidrocarburos también introducen una variable de alta sensibilidad: la discrecionalidad.

En virtud de ella, el Ejecutivo podrá ajustar alícuotas y regalías, según la «viabilidad financiera» de cada contrato.

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En teoría, esto permite rescatar proyectos que, de otro modo, serían inviables.

Pese a todo, en la práctica, la discrecionalidad permitirá que dos empresas que exploten un mismo yacimiento puedan pagar tasas distintas por el mismo recurso.

Hacia una nueva institucionalidad

Luego de apuntar hacia los grises, el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario se animó a hablar de los claros.

Juan Esteban Korody destacó, por ejemplo, el deseo de crear una Superintendencia de Minas.

Para el abogado, una institución de ese tipo haría posible deslindar la política partidista de la gestión técnica de los yacimientos.

Korody añadió que experimentos como ese han dado buenos resultados en países como Colombia, por lo que Venezuela replicaría un caso que ha tenido éxito a nivel regional.

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