El aroma a pan recién horneado ya no garantiza ventas en las esquinas de Venezuela.
En un 2026 donde el bolsillo del ciudadano sigue librando una batalla diaria contra la inflación, el sector panadero ha encendido las alarmas.
En virtud del escenario, la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetraharina) propuso un plan de choque.
La iniciativa apunta directamente al subsidio de la materia prima para evitar que el mostrador termine de enfriarse.
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La propuesta, que ya descansa en los despachos oficiales, no es un capricho gremial, sino un grito de supervivencia.
Juan Crespo, principal vocero del sector, ha sido enfático: las ventas han caído a niveles críticos.
La realidad es que producir una canilla hoy implica sortear un laberinto de costos que van desde el trigo importado hasta las fallas intermitentes en los servicios públicos.
Tres canillas por un dólar
El plan de Fetraharina tiene un número mágico en la mira: el «3 por 1».Tres canillas por un dólar
El gremio aspira a que, mediante incentivos o subsidios directos, el venezolano pueda comprar tres canillas por un dólar (a la tasa del Banco Central de Venezuela).
«Necesitamos que el pan vuelva a ser el centro de la mesa venezolana y eso sólo se logra con precios que la gente pueda pagar», comentaron fuentes ligadas al sector.
Actualmente, la dispersión de precios y la pérdida de la capacidad de compra han hecho que el pan pase de ser un acompañante obligado a un «lujo» ocasional para muchas familias.
Una industria molinera mermada
El problema de fondo es estructural. La industria molinera nacional opera a una capacidad reducida y la dependencia del grano extranjero hace que cualquier fluctuación internacional golpee la estructura de costos de la panadería de barrio.
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De las miles de panaderías artesanales que existían en el país, un porcentaje importante ha tenido que diversificar su oferta hacia la charcutería o los productos de bodega para no bajar la santamaría.
En medio de tal contexto, Fetraharina sostiene que el subsidio no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión social necesaria para frenar el desempleo en el sector y garantizar la seguridad alimentaria.
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