En un giro inesperado, los equipos legales que representan al Ejecutivo de Delcy Rodríguez y a la oposición venezolana han unido fuerzas.
El aparente consenso redefine la estrategia que seguirá Venezuela, en la defensa de sus activos en el exterior.
Durante este lunes, ambas partes unieron fuerzas y solicitaron suspender, por 45 días, el proceso judicial que podría culminar con el embargo de los fondos de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
La petición, aceptada por la jueza Sarah Netburn, congela las acciones legales hasta el próximo 21 de mayo. Con ello, Venezuela gana el tiempo suficiente como para reorganizar sus filas legales.
Una duda legítima
La captura y detención de Nicolás Maduro, el pasado 03 de enero, no sólo generó un vacío de poder en Venezuela. A esa vacancia se sumó la duda interpretativa que experimentaron algunas cortes estadounidenses.
Aunque Delcy Rodríguez asumió como mandataria encargada, luego de recibir la venia del presidente Donald Trump, muchos tribunales se preguntaron si era la gobernante quien ostentaba la personalidad jurídica requerida para representar al país.
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La duda se profundizó una vez que los juzgados empezaron a recordar que, por mucho tiempo, fueron delegados de la oposición venezolana los que abogaron por los intereses de Venezuela.
La existencia de dos defensas paralelas — y el evidente riesgo de contradicción — pudo haber facilitado el camino a los acreedores.
Por ende, que los equipos sumen voluntades para formular una solicitud de manera conjunta permitirá evitar que el caos termine en la pérdida definitiva de recursos vitales para la República Bolivariana.
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