En un país donde la palabra «nacionalización» ha sido un pilar de la identidad política y económica, la propuesta de una privatización del sector petrolero no es sólo una medida administrativa.
La posibilidad representa una ruptura con el modelo del Estado empresario. De concretarla, su impulsor (o impulsora) acabaría con cinco décadas de estatismo.
Justo ese es el giro pretendido por María Corina Machado. Durante este martes, la dirigente planteó el desmantelamiento del monopolio de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Durante su intervención en el foro CERAWeek, celebrado en Houston, Texas, Machado se mostró a favor de ceder el protagonismo operativo y financiero de la estatal a los mercados globales.
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Más que sobre pilares ideológicos, la iniciativa se sustenta en una realidad técnica ineludible.
Luego de años de desinversión, pérdida de capital humano y una infraestructura que opera a una fracción de su capacidad, el Estado venezolano carece de los recursos para rehabilitar la industria petrolera.
Por ende, la transferencia de la propiedad y la gestión a empresas privadas podrían hacer que Venezuela recupere sus niveles históricos de producción.
Hacia un Estado regulador
El núcleo de la propuesta se aleja de las «licencias precarias» o de los acuerdos de servicio actuales para abrazar un sistema de concesiones y propiedad privada.
Bajo este esquema, el Estado dejaría de ser el responsable de extraer el crudo — asumiendo los riesgos y costos asociados — para convertirse en un recaudador de regalías e impuestos.
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Con este movimiento, el Estado no sólo fortalecería su rol como ente regulador, sino que eliminaría el conflicto de intereses que suele presentarse por el hecho de que, al día de hoy, el Estado es simultáneamente juez y parte.
Para los inversores internacionales, el atractivo de esta propuesta radica en la eliminación del «techo» que supone la gestión estatal.
En otro tanto, la privatización del gas permitiría convertir a Venezuela en un eficiente centro logístico regional, capaz de suplir la demanda de un mundo que quiere hacer la transición hacia combustibles menos contaminantes.
Deuda por activos
Uno de los puntos más sensibles y ambiciosos de este plan económico es la posibilidad de utilizar la privatización como una herramienta para la reestructuración de la abultada deuda externa venezolana.
El concepto de «deuda por activos» permitiría a los acreedores canjear sus títulos por participaciones en proyectos energéticos, aliviando de inmediato la presión sobre la balanza de pagos.
No obstante, el camino hacia una privatización total no está exento de desafíos técnicos y sociales. Requiere una reforma integral de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la creación de una agencia independiente que garantice la transparencia en las licitaciones.
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