ConocoPhillips, uno de los actores con mayor peso histórico y legal en la arquitectura petrolera de las Américas, le ha enviado un mensaje claro al Ejecutivo de Delcy Rodríguez.
La empresa, expropiada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, ha pedido una reestructuración profunda del sistema fiscal venezolano, así como cambios en el marco legal vigente.
Desde la dirección ejecutiva de la corporación se advierte que la compañía posee el capital financiero, técnico y humano para implicarse en la explotación de la Faja del Orinoco.
Sin embargo, el “riesgo sobre el suelo» (fiscalidad, seguridad jurídica y gobernanza) hace que Venezuela luzca como una opción poco atractiva al momento de efectuar grandes inversiones.
Seguridad jurídica como precondición
El actual esquema fiscal venezolano, anclado en gran medida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impone cargas que muchos inversores consideran asfixiantes.
ConocoPhillips insiste en que la atracción de capitales de «largo aliento», capaces de rehabilitar infraestructuras y perforar nuevos pozos, requiere un sistema fiscal flexible.
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Por otra parte, la empresa, que le exige a Venezuela el pago de al menos 10.000 millones de dólares por concepto de compensación, no se limita a la reducción de impuestos o regalías.
ConocoPhillips ha sido reiterativa al hablar sobre la seguridad jurídica. Tras años de litigios y arbitrajes internacionales, la empresa subraya que cualquier nueva fase de inversión debe estar blindada desde el punto de vista legal.
Competitividad en la era de la transición
Desde una perspectiva macroeconómica, el planteamiento de ConocoPhillips refleja una realidad ineludible: la ventana de oportunidad para monetizar los hidrocarburos se está estrechando.
Con el avance de las energías renovables y las políticas de descarbonización, el crudo pesado venezolano, costoso de extraer y procesar, sólo será viable si el Estado reduce su captura de renta inmediata a cambio de asegurar la operatividad a largo plazo.
Así, el debate propuesto por ConocoPhillips toca la fibra sensible del modelo rentista y plantea una duda muy real: ¿está dispuesta Venezuela a ceder control fiscal para ganar soberanía productiva?
La respuesta, que pone el balón en la cancha del Ejecutivo venezolano, definirá si el país logra una verdadera apertura petrolera en la segunda mitad de la década o si seguirá operando bajo esquemas de emergencia y licencias precarias.
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