Proceso del registro electoral en el extranjero se ha visto muy ralentizado

La posibilidad de participar en procesos electorales, como la elección presidencial del 28 de julio, se ve amenazada para los venezolanos que residen fuera de su país. La jornada de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral (RE), programada para comenzar el 18 de marzo, ha enfrentado múltiples obstáculos y retrasos, afectando principalmente a los ciudadanos en el extranjero.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 7 millones 700 mil venezolanos han migrado desde 2014, sin embargo, el Registro Electoral actual no refleja adecuadamente esta realidad, describiéndolo como «discontinuo y rezagado».

A pesar de que el 71,97% de los venezolanos en el extranjero son mayores de 18 años y están habilitados para votar, solo el 2% de esta población migrante está inscrita en el RE.

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Uno de los principales obstáculos es la regulación jurídica restrictiva que exige residencia legal en el país de residencia para inscribirse en el RE, impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2018. Además, los altos costos asociados con la obtención de documentos, como el pasaporte, limitan aún más la participación.

En países como España, Colombia y México, se han reportado retrasos en el inicio del proceso de inscripción y actualización en el Registro Electoral. En España, por ejemplo, la jornada comenzó con ocho días de retraso, mientras que en Colombia se impusieron requisitos que excluyen a una gran cantidad de migrantes venezolanos, como la necesidad de documentos que acrediten la residencia permanente.

En México, solo aquellos con residencia permanente pueden participar en el proceso electoral, excluyendo a aquellos con estatus de refugiados.

En otros países, como Perú, Ecuador, Chile y Bélgica, se han registrado casos de retrasos y dificultades en el proceso de inscripción, lo que limita aún más la participación de los venezolanos en el extranjero.

Estas restricciones y retrasos en el Registro Electoral representan una violación de los derechos de millones de ciudadanos venezolanos y podrían tener un impacto significativo en los resultados de la elección presidencial de este año, ya que la población migrante podría ser determinante en el resultado final.

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