En 2008, tras el paso de los huracanes Gustav e Ike, el Gobierno cubano limitó los precios máximos de 16 productos agropecuarios. ¿El resultado? En las tarimas de los agromercados se empezaron a vender menos productos y de menor calidad.
Luego, en 2011, recién iniciada la precaria expansión del sector privado, desde la propaganda oficial se lanzaron señales sobre las molestias generadas por los precios a los que comercializaban los productos las nuevas formas de gestión no estatal. Para 2013, entró en vigor el Decreto 318, que limitó —otra vez— los precios máximos de la venta de productos agropecuarios. Como era de esperarse, tampoco dio resultados; más bien, los precios siguieron subiendo.
La historia continuó. En 2016 el Gobierno «volvió a la carga», esta vez no solo limitándose a topar los precios de los mercados agropecuarios, sino también los de las cooperativas no agropecuarias. Los frutos de esta «novedosa» iniciativa gubernamental fueron que, para 2017, se aplicaron 21 895 multas que representaron una recaudación por un valor de 815 380 CUP. Sin embargo, no se lograron soluciones en materia de bienestar ciudadano y poder adquisitivo del salario, pero «los precios contemplados en la Resolución no se pueden violar por ningún concepto», tal y como dijo una funcionaria en aquel entonces (porque a las indisciplinas, ni un tantico así, nada).
Y como la «Revolución no descansa» ni da tregua a los precios, en ese mismo año se lanzó la ofensiva contra los transportistas privados (popularmente conocidos como «boteros»). Además de la cantidad de multas emitidas, se logró el empeoramiento del transporte. Por si fuera poco, no faltó el entusiasmo y, en Villa Clara, se llegó a apostar por quitar la licencia a los privados que no fueran a trabajar. Algo así como «si la Revolución te da el privilegio de poder ser cuentapropista (autónomo), ¿quién te crees para decidir si trabajar o no?» (semejantes ideas deben haberse dicho —o al menos pensado— en la reunión donde se discutió la «iniciativa»).
Después de 2018 —año en el que parece que la dirección del país estuvo ocupada en otros asuntos, como el traspaso del poder formal— vino el 2019 cuando, «yendo por más», los cuadros de mayor nivel dijeron «presente» en la «guerra fría» contra los precios. Esta vez comenzaron topando precios en Holguín. Para julio de ese mismo año, 12 provincias habían implementado la medida y, claramente, hubo resultados: recibieron cientos de llamadas en las que se denunciaban a vendedores que no respetaban los precios establecidos, lo que seguro sirvió para que el Gobierno «facturara» algunas multas.
Después de 2018 —año en el que parece que la dirección del país estuvo ocupada en otros asuntos, como el traspaso del poder formal— vino el 2019 cuando, «yendo por más», los cuadros de mayor nivel dijeron «presente» en la «guerra fría» contra los precios. Esta vez comenzaron topando precios en Holguín. Para julio de ese mismo año, 12 provincias habían implementado la medida y, claramente, hubo resultados: recibieron cientos de llamadas en las que se denunciaban a vendedores que no respetaban los precios establecidos, lo que seguro sirvió para que el Gobierno «facturara» algunas multas.
En 2020, con el característico espíritu de ratificación de errores, la apuesta gubernamental del tope de precios continuó siendo la única «alternativa»; quizá pensando que el socialismo (que dicen que van a construir, pero al que no le acaban ni de fundir la zapata) no será posible hasta que no se logren topar «bien» los precios.
Tampoco funcionó, pero las autoridades responsables no reaccionaron hasta pasado el 11 de julio de 2021. Fue cuando, como parte de las tímidas medidas para aliviar la tensión social no resuelta tras el estallido social, retiraron el tope de precios. Si lo hicieron fue porque sabían que era una medida impopular.
Pero «la Revolución tiene derecho a defenderse», así que la propaganda oficial, haciendo lo que sabe hacer, introdujo en 2022 de nuevo la idea de la necesidad de topar precios. Una vez que la guerra fue avisada, apareció la enésima ofensiva y su resultado solo pudo ser el fracaso, tal y como ocurrió en Granma y Santiago de Cuba.
Teniendo en cuenta estos últimos quince años, todo apunta a que, en situaciones de aumento de precios, la medida central de las autoridades es aplicar la receta del control. La economía cubana (sin contar la del Noticiero y los pequeños escenarios aislados en los que los topes de precios funcionan) no logró nada en la materia.
Lea el trabajo completo: El Toque.com
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