El crédito ha sido uno de los principales beneficios ausentes en el giro de flexibilización a la economía dado por el Gobierno. Voceros del sector comercio e industrial esperaban que, a comienzos de 2022, este punto fuera objeto de un cambio de política, a los fines de iniciar una verdadera fase de reactivación del aparato productivo nacional. Incluso, se llegó a ventilar la posibilidad de recurrir a una modalidad para otorgar préstamos en moneda extranjera, como siguiente paso para el afianzamiento de la dolarización financiera en el país.
Sin embargo, las primeras señales de la reevaluación gubernamental en materia crediticia para particulares y empresas parecen ser técnicamente insignificantes frente a las distorsiones existentes.
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Recientemente, el Ejecutivo presentó ante el país un conjunto de medidas vinculadas al sector monetario, al sistema bancario, además de la creación de un fondo de financiamiento y emprendimiento.
Una de las acciones anunciadas fue la reducción de 85% a 73% del encaje legal (12 puntos menos). En teoría, este es un tema vital para abordar la reapertura del sistema crediticio.
El encaje legal es la porción de depósitos bancarios que deben mantener en reserva las entidades, sin poder usarse en préstamos o inversiones. El objetivo es restringir la liquidez monetaria y controlar la cantidad de dinero que circula en la economía.
Hasta el presente, la capacidad de la banca de dar financiamiento a las empresas e incrementar los límites de las tarjetas de crédito de los consumidores era casi nula debido a la política del elevado encaje aplicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) con el fin de contener la inflación.
Las altas tasas de encaje legal ordinario y marginal dejó sin liquidez a los bancos para cubrir préstamos para la producción y el consumo, pero también frena la demanda de divisas.
Esta política monetaria, que se aplica desde el año 2019, viene asfixiando al sector bancario, para llegar a ubicarse la tasa en cifras de alrededor de 90 %, situación que colocó a la banca en una posición comprometida, al llevar a la destrucción del crédito a nivel del consumo, a la desaparición de las tarjetas de crédito, así como del financiamiento para la compra de viviendas o vehículos. En el contexto de hiperinflación que vivió el país desde finales de 2017 hasta enero de 2022, para la banca era prácticamente imposible operar.
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