Las universidades públicas de toda Venezuela paralizaron sus actividades por 24 horas este martes 19 de mayo. La medida de protesta, convocada por gremios docentes y sindicatos, se ejecuta en respuesta a la exclusión de alrededor de 170.000 trabajadores universitarios del cobro del Bono de Responsabilidad Profesional, aprobado por el Ejecutivo nacional el pasado 30 de abril, y como reclamo ante el congelamiento del salario base en 130 bolívares.
Le puede interesar: Cendas-FVM: Canasta alimentaria familiar subió a $730,59 en abril
La jornada de paralización nacional se concreta luego de que representantes del sector asistieran a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para exigir respuestas, sin obtener soluciones estructurales a sus demandas. Los gremios advierten que el conflicto se mantiene activo y no descartan extender el paro de manera indefinida si el Gobierno nacional no ofrece respuestas claras.
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, catalogó el proceso de asignación del Bono de Responsabilidad Profesional como una mezcla de arbitrariedad con desorden. Afonso ilustró la situación detallando que existen profesores en un mismo departamento, con el mismo escalafón y dedicación, donde uno cobró y el otro no. Según precisiones del gremio, apenas el 25% de la planta profesoral pudo percibir dicho beneficio, dejando fuera a la mitad de los activos ordinarios, a los contratados y a la totalidad del personal obrero, administrativo, profesional y jubilado.
Por su parte, Keta Stephany, secretaria de Actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), recordó que esta exclusión viola de forma flagrante los contratos colectivos y la historia legal del país, la cual equipara los derechos de los docentes jubilados y contratados con los del personal activo. «Están borrando la historia de un plumazo», sentenció.
Los portavoces sindicales denunciaron que la actual política de ingresos «vía bonos» implementada por el Ejecutivo pulveriza de manera sistemática el cálculo de las prestaciones sociales, los aguinaldos y los bonos vacacionales, profundizando la crisis en la calidad de vida del sector.
Dentro de las gestiones realizadas ante la OPSU, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (SINATRA–UCV), Eduardo Sánchez, mencionó que se alcanzaron mínimos acuerdos sectoriales, entre los que destaca el establecimiento de un equipo técnico para discutir la crisis del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y el seguro funerario, prestaciones que actualmente dejan desprotegido al personal.
Sánchez informó además que ya fue emitido el instructivo para la liberación de los fondos de terceros, cajas de ahorro y previsión social. No obstante, aclaró que estos recursos económicos —que corresponden a las cotizaciones retenidas a los propios trabajadores y no a fondos del Estado— aún no han sido depositados en las cuentas de las organizaciones sindicales. Se espera que dicho flujo financiero se concrete en el transcurso de la semana en cumplimiento con los convenios pendientes desde el mes pasado.
La asociación de profesores precisó que el Ejecutivo solo aplicó un incremento de 50 dólares en el denominado Bono de Guerra Económica mientras el salario real de las tablas universitarias se aproxima a cero, obligando a los educadores a vivir bajo el esquema del pluriempleo y el auxilio familiar. Recordaron que han sido los propios docentes quienes han financiado la educación pública de su bolsillo para garantizar la continuidad de las aulas, la investigación y la graduación de profesionales a pesar de carecer de los beneficios que por ley les corresponden.
¿Deseas recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Entonces, únete a nuestro canal en Telegram https://t.me/Descifrado
