AN prevé debatir reforma de la Ley del Trabajo ante protestas por salarios

En un acto político realizado en el occidente del país, el diputado Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista) adelantó que la Asamblea Nacional prevé iniciar una discusión para reformar la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT). El anuncio se produce en un momento de máxima tensión social, con el salario mínimo legal en 130 bolívares, equivalente a 27 centavos de dólar mensuales, la cifra más baja en la historia reciente del país.

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La actual Ley del Trabajo, firmada por el fallecido presidente Hugo Chávez poco antes de su muerte en 2012, es vista por el sector oficialista como un pilar de derechos laborales, pero por la oposición y gremios como un marco que requiere urgente modernización:

  • Reformas paulatinas: Romero indicó que el país exige una serie de cambios legales para adaptarse a la realidad económica actual.
  • Expectativa por el 1° de mayo: El debate parlamentario coincidirá con el anuncio salarial que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió para el próximo viernes, bajo la premisa de ser un ajuste «responsable».

La urgencia de la reforma legislativa se sustenta en datos que reflejan la asfixia del trabajador venezolano:

  • Congelamiento: El salario mínimo base permanece en 130 bolívares desde marzo de 2022. En ese entonces representaba unos 30 dólares; hoy, tras la devaluación crónica, no llega al medio dólar.
  • Bonificación del ingreso: Ante la imposibilidad de indexar el salario (que impacta en vacaciones y prestaciones), el Ejecutivo ha optado por bonos que no generan beneficios acumulativos. Actualmente, el «ingreso mínimo integral» se sostiene sobre el Bono de Alimentación ($40) y el Bono de Guerra Económica ($150).
  • Déficit de cobertura: Con una canasta básica estimada por el Cendas-FVM en más de 690 dólares, el ingreso actual apenas cubre una fracción de las necesidades alimentarias de una familia.

Desde Barquisimeto, el diputado Romero subrayó que la reforma laboral debe acompañarse de transparencia institucional. Al igual que otros sectores de la oposición que participan en la Asamblea, se busca que el debate incluya a empresarios y trabajadores para que cualquier ajuste salarial o legal no sea «devorado por la inflación» en el corto plazo.

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