Economistas: sanciones al BCV son un lastre que impide normalizar el sistema financiero nacional

A juicio de algunos expertos, las sanciones internacionales que penalizan al Banco Central de Venezuela (BCV) suponen un freno para la recuperación económica del país.

Entre los especialistas que comparten tal visión se encuentra Alejandro Grisanti, economista y socio director de la firma Ecoanalítica. Para él, las restricciones le impiden, al BCV, insertarse por completo en el sistema financiero internacional.

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Desde que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó al Banco en su lista de entidades restringidas, el sistema de pagos del país entró en una suerte de «oscurantismo financiero».

La imposibilidad de que el ente regulador realice transacciones directas con sus pares internacionales ha forzado a la banca privada venezolana a una gimnasia financiera que es, cuando menos, agotadora.

Cada pago a un proveedor en el exterior o cada transferencia internacional se convierte en un laberinto de bancos corresponsales que, ante el temor de «sobrecumplir» las sanciones, imponen comisiones draconianas o, simplemente, cierran sus puertas.

Del efectivo a la eficiencia

Para Grisanti, uno de los puntos más críticos es la afectación de las sanciones en la operatividad del sistema cambiario. Actualmente, el BCV debe realizar esfuerzos monumentales para inyectar divisas en la banca.

La institución recurre, muchas veces, a procedimientos analógicos como el traslado de moneda en efectivo a cada uno de los bancos. Esa logística encarece y ralentiza el proceso.

En cambio, si se levantaran las sanciones, el ente emisor podría operar de forma electrónica y transparente, lo que permitiría una intervención cambiaria más ágil y efectiva.

Alivio para el sector privado

Alejandro Grisanti cree que el empresariado venezolano también podría beneficiarse con el levantamiento o la flexibilización de las sanciones que pesan sobre el BCV.

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El socio director de Ecoanalítica considera que el cese de las restricciones implicaría el fin de la triangulación de pagos a la que recurren muchas empresas.

Ese eventual escenario no sólo reduciría los tiempos de espera, sino que permitiría restablecer las líneas de crédito internacionales que hoy son prácticamente inexistentes.

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