Por Rafael Arias
El Dr. Crisanto Bello, presidente de Sefar Universal, ha desarrollado el concepto de Derecho Genealogista, una rama jurídica que reconoce los derechos heredados de los antepasados para la obtención legítima de un pasaporte europeo.
“La genealogía dejó de ser un ejercicio histórico; hoy es una herramienta jurídica que restituye identidades y abre puertas a derechos ciudadanos”, afirmó Bello.
Aunque no se trata de un proceso económico en términos estrictos, el acceso a una segunda nacionalidad representa una ventaja competitiva en el mercado laboral europeo, donde los ciudadanos comunitarios disfrutan de mayores oportunidades de empleo, movilidad y estabilidad financiera.
Costos fiscales y particularidades de cada caso
Cada expediente tiene sus particularidades, y los costos pueden variar según la complejidad de la investigación y el país de destino. El Dr. Bello explicó que una investigación exhaustiva para un grupo familiar podría ascender a 20 mil dólares, pero subrayó que “el beneficio no es unitario sino familiar, lo que hace que la inversión se disgregue entre todos los miembros”.
En España, los solicitantes enfrentan tasas administrativas y obligaciones tributarias como el IRPF, con tramos que oscilan entre el 19% y el 47% de los ingresos anuales. En Portugal, la vía sefardí contempla tasas oficiales que rondan los 250 a 300 euros, además de gastos notariales y certificaciones documentales. Estos montos, aunque significativos, se convierten en una inversión frente al beneficio de acceder a un pasaporte europeo y a un sistema económico más estable.
Derechos fundamentales y reconocimiento legal
El Dr. Bello recalcó que los derechos son fundamentales y no se pueden dejar a un lado. “Conceder la nacionalidad a quien la merece es un principio que no debe ser violado”, enfatizó. En el caso de los sefardíes, recordó que se trata de un grupo religioso minoritario con un derecho ganado y amparado por la ley, lo que refuerza la legitimidad de los procesos de nacionalidad en España y Portugal.
Sefar Universal ha sido pionera en consolidar este marco jurídico, logrando que el Derecho Genealogista sea reconocido como herramienta probatoria en procesos avalados por la Comunidad Israelita de Lisboa (CIL), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y distintos tribunales europeos. “Cada expediente aprobado es una historia de identidad recuperada y de derechos restituidos”, destacó Bello.
Ciudadanía como activo económico y social
Más allá de la identidad, la ciudadanía europea se convierte en un activo económico: acceso a mercados laborales más amplios, posibilidad de emprender en entornos regulados y seguros, y beneficios fiscales que, aunque exigentes, ofrecen estabilidad jurídica. Para miles de venezolanos, colombianos y mexicanos, esta oportunidad significa diversificación de ingresos y movilidad internacional.
En un contexto de incertidumbre económica regional, el Derecho Genealogista se presenta como una estrategia de movilidad y seguridad financiera. La obtención de una segunda nacionalidad no solo abre puertas a mejores empleos, sino también a sistemas de salud, educación y crédito más sólidos. Como concluye Bello: “El linaje es más que memoria; es un derecho vivo que puede cambiar el futuro económico de las familias”.
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