Representantes de la comunidad árabe palestina en Venezuela, acudieron este viernes a la sede del Ministerio Público con el fin de introducir una denuncia, luego de ser catalogados como invasores en un local comercial en la Urbanización La Paz, en El Paraíso, donde tienen 14 años laborando con toda su documentación en regla y que fuera cerrado el pasado 8 de mayo por la Fiscalía 87 del área metropolitana de Caracas, a cargo de Migdalia Figueroa y Yesenia Márquez.
Alí Backrawi, presidente de Inversiones El Shawarma de Harb C. A., explicó que es urgente que sea escuchada su versión ya que se trata de una fuente de trabajo para más de 28 familias “y al ser cerrados de forma arbitraria, se afectó a 25 familias y más de 130 personas que de forma indirecta se benefician con nuestra actividad comercial”.
Aseguró desconocer el origen de la denuncia. “Tenemos más de 10 días cerrados por lo que le pedimos al Fiscal general Tarek William Saab que nos escuche, somos socios del Centro Arabe Palestino, somos parte de la comunidad y nuestros derechos han sido violentados por lo que consideramos un acto de terrorismo judicial”.
Freddy García, representante legal de El Shawarma de Harb enfatizó que la acción de la Fiscalía 87 en contra de su representado “es un acto temerario, ilegal e ilegítimo” donde se pretende, bajo la figura de la invasión, cercenar una posesión legítima. “Son personas que cuentan con contrato de arrendamiento, es una posesión que fue reconocida en 2023 por dos tribunales, tanto por el Tribunal 7mo de superior en lo civil, como por el Tribunal 8vo de Primera Instancia en lo civil”.
“Estamos hablando de un hecho civil que la Fiscalía 87 ilegalmente pretende llevarlo por la vía de una acción penal, lo que configura un delito como tal y que solo puede definirse como terrorismo judicial porque la fiscal, que se supone que es funcionaria de buena fe, está para salvaguardar los derechos constitucionales de la persona, no para vulnerarlos”, advirtió.
García denunció que para la ejecución de este desalojo, se habría utilizado un programa para el adulto mayor, impulsado por el propio Fiscal Tarek William Saab. “Estoy seguro que este actuar ilegítimo, ocurre a espaldas del Fiscal general de la República, pretendiendo manchar esa gestión al llevar un hecho de carácter civil por la vía penal, acobijándose bajo esa figura”.
“Son acusados por una falsa denuncia. El local pertenece a la sociedad civil Centro Arabe Palestino y mis representados forman parte de esa sociedad por lo que también son propietarios, acá no solamente se está cercenando el derecho a la posesión que lo reconoce el artículo 771 del Código Civil sino que también se está cercenando el derecho a la propiedad, que lo reconoce el artículo 115 de nuestra Constitución con ese accionar ilegítimo y de mala fe”, subrayó.
Por su parte, Frangelis Quevedo, trabajadora de El Shawarma de Harb, destacó que la Fiscalía no dio ningún tipo de explicación ni información al momento de llegar a cerrar el local, mientras que María Bastardo, miembro del consejo comunal Nueva Fuente, señaló que los dueños de este local “son personas que colaboran en labores sociales con la comunidad” y también Luisa Velásquez, médico de la comunidad de El Paraíso, rechazó esta acción de cierre por considerar que son personas “honestas y trabajadoras”.
Nota de prensa.
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