El Gobierno panameño anunció que más de 100.000 migrantes han cruzado el desafiante territorio del Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va del año. Esta cifra iguala el número de personas que realizaron esta travesía entre enero y abril del año anterior, según declaraciones del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, transmitidas en un video en la plataforma X.
Los datos oficiales revelan que la mayoría de los migrantes que han enfrentado las adversidades de la selva del Darién provienen de Venezuela (64,307), seguidos por ecuatorianos (8,198), haitianos (6,661), colombianos (6,462) y otras nacionalidades.
El incremento en el flujo migratorio a través del Darién hacia Estados Unidos o Canadá ha sido constante desde 2021, alcanzando un récord de más de 520,000 personas en 2023, el doble de la cifra del año previo. Para este año, se prevé un aumento adicional de hasta un 20% con respecto al año anterior.
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Los riesgos naturales y la presencia de grupos armados en la región han llevado a los migrantes a explorar otras opciones, como la ruta del Caribe, donde incidentes trágicos, como el naufragio de una embarcación que transportaba afganos en febrero pasado, han dejado víctimas mortales.
El Gobierno panameño registra a los migrantes al llegar a las poblaciones indígenas o en los centros de recepción migratoria, donde se les brinda refugio y alimentación antes de coordinar su traslado en autobús hacia Costa Rica, un viaje que deben costear por sí mismos.
No obstante, las autoridades panameñas han adoptado una postura más firme respecto al tráfico de migrantes a través del Darién, denunciándolo como un «negocio» del crimen organizado.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) suspendió sus actividades médicas y humanitarias en el Darién el pasado 4 de marzo, por supuestas discrepancias con el Gobierno panameño, quien acusó a la ONG de presentar informes «incompletos» sobre migrantes víctimas de violencia sexual durante su travesía por la selva.
Las autoridades también señalaron que MSF obstaculizaba la labor de las instituciones judiciales y sanitarias al no proporcionar la información necesaria sobre los presuntos casos de violencia sexual entre los migrantes.
EFE
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