La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado a la cabeza, ha emitido una sentencia histórica bajo el número 0956-2023. En dicha sentencia, dictada en ponencia conjunta, se ha declarado la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Esta ley fue sancionada por la Asamblea Nacional durante una Sesión Ordinaria celebrada el 18 de julio de 2023.
La importancia de esta decisión radica en los objetivos que persigue la ley en cuestión:
- Promover el desarrollo armónico de la economía nacional, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, generar oportunidades de empleo, fomentar la creación de valor agregado local y fortalecer la soberanía económica.
- Favorecer la optimización y eficiencia de los procesos tributarios a nivel estadal y municipal, con la intención de reducir la evasión y elusión fiscal.
- Procurar una distribución equitativa de las cargas públicas, en consonancia con la capacidad económica de los contribuyentes.
- Generar certeza y seguridad jurídica en cuanto a los procedimientos tributarios y las obligaciones fiscales aplicables en todo el territorio nacional.
La Sala Constitucional ha subrayado que esta legislación se fundamenta en una serie de principios rectores, tales como la legalidad, justicia, equidad, integridad territorial, coordinación, armonización, cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad, progresividad, generalidad, buena fe, productividad, capacidad contributiva, no retroactividad, no confiscación, eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia, simplicidad y seguridad jurídica.
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En palabras del TSJ, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios tiene como objetivo fundamental coadyuvar y garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias correspondientes a los estados y municipios. Para ello, se definen los principios, parámetros y limitaciones, así como los tipos impositivos y alícuotas aplicables a los tributos estadales y municipales, todo ello en estricta conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este contexto, la decisión del máximo tribunal resalta que esta ley contribuye a los fines estatales de promover la prosperidad y el bienestar del pueblo, al tiempo que impulsa los valores fundamentales de justicia e igualdad que rigen el ordenamiento jurídico de la nación, en consonancia con lo estipulado en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En virtud de lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25, numeral 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la mencionada Sala Constitucional ha tomado esta decisión trascendental para el sistema tributario de la nación.
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