El domingo 26 de marzo de 2023 se celebrarán en Cuba las elecciones para «elegir» a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Desde mucho antes de las votaciones, en la cuenta de Twitter @mejoresposible y en la página de la ANPP se han publicado las estadísticas de representación de los candidatos propuestos y aprobados por el Partido Comunista que serán ratificados como diputados.
El carácter de ratificación (no de elección) del proceso se evidencia en el llamado del Gobierno a un voto unido y porque el número de puestos a elegir coincide con el número de nombres en la boleta.
Analizar el problema de la representación implica comprender qué entiende por tal el aparato propagandístico que proclama orgullosamente haber logrado un 55.3 % de mujeres entre los 470 próximos integrantes de la Asamblea.
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La inclusión de mujeres en el Parlamento se considera, según estándares internacionales, un indicador de paridad de género en la vida política. Con el porcentaje de diputadas, la ANPP se encontrará a la vanguardia a nivel mundial.
Un porcentaje elevado de inclusión en la Asamblea no debería ser suficiente por sí solo para evaluar la participación de un sector o grupo social en las decisiones políticas. La participación política no puede limitarse a una estadística vacía que desconozca las prácticas reales a las que están asociadas.
Representación es un término cuyo uso se ha vuelto común en los últimos años para referirse a la presencia de grupos sociales —en particular aquellos históricamente marginados— en el cine, la literatura y el mundo del entretenimiento. Implica visibilizar la existencia de dichos grupos y abrir sus agendas y realidades a la discusión pública. La representación política —que comparte con cualquier otro tipo de representación su capacidad de mostrar, a través de una metonimia, la imagen de un grupo— no se limita —o no debería limitarse— a visibilizar sectores específicos de población. Su función también es llevar las demandas de los grupos que representa a las entidades e instituciones que pueden convertir los reclamos en políticas públicas o acciones concretas.
Sin embargo, en Cuba lo que debería ser representación política se reduce a una mera pose cuando la desprovee de su contenido pragmático (capacidad real de proponer leyes y discutir agendas). La reducción de una representación efectiva a una meramente simbólica debería advertir sobre la instrumentalización implícita del 55.3 % de mujeres en la futura Asamblea.
Para que las parlamentarias pudieran impulsar las demandas del grupo representado, en primer lugar, la Asamblea necesitaría tener un poder real en el diseño del cronograma legislativo. En la isla, la mayoría de las leyes son propuestas por el Consejo de Estado y posteriormente aprobadas por el Parlamento cubano, muchas de ellas por sospechosa unanimidad. Desde la puesta en vigor de la Constitución en 2019 se han aprobado 36 leyes y 83 decretos leyes.
En segundo lugar, muchas de las diputadas han sido propuestas como candidatas y obtendrán su puesto en virtud no de su labor en la atención a problemas y necesidades ciudadanas o a demandas emanadas de la sociedad civil, sino por su cargo en alguna institución del Estado (por ejemplo, la jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido de Pinar del Río o la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC).
En tanto se remarca la condición de mujeres de las diputadas en la campaña oficialista, a efectos de cifras de representación, es de esperar que sus compromisos con las instituciones políticas para las que trabajan sean de igual o mayor importancia que los contraídos con la ciudadanía. Lo anterior podría constituir un conflicto de interés si no fuera porque la prioridad indiscutible es el servicio a la ideología y la política que se replica de manera vertical y en dirección descendente.
En ese contexto, la capacidad real de las diputadas para proponer agendas que atiendan problemas como los feminicidios o den voz a demandas de la sociedad civil, como la aprobación de una ley integral contra la violencia de género, es prácticamente nula. Lo es, además, porque la presentación de esas agendas desde una posición de real representación —o sea, actuando como la voz de grupos específicos de población— pone en cuestionamiento la labor del Estado y su capacidad de atender los problemas de la sociedad. En un régimen de pretensiones totalizantes, el cuestionamiento sobre el Estado se evita a toda costa.
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