Cuando Hugo Chávez se hizo con Agroisleña —una compañía de capitales y dueños españoles con 50 años de historia en Venezuela— ya acumulaba millas expropiando a lo Robin Hood; es decir, sin pagar y sin ningún procedimiento legal.
Extensos hatos, miles de hectáreas de tierras, empresas de todo tipo, edificios. Chávez firmó el decreto principios de octubre de 2010, casi a la medianoche, mientras hacía uno de sus habituales contactos telefónicos en los programas del primetime de la televisora estatal VTV.
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“Este es el decreto número 7.700. Me gusta ese número”, comentaba mientras leía la resolución por teléfono. “Se acabó el tiempo de Agroisleña. Ahora será de propiedad popular”
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