El sector agropecuario, los puertos y la distribución del gas son de las áreas en las que se evidencian el fracaso de la política de expropiación en estas dos décadas. Tres casos de estudio presentados por el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, evidencian la poca eficacia y productividad del Estado al administrar empresas privadas.
El chavismo adelantó, en los 20 años que lleva en el poder, una férrea política de expropiación y estatización basada en la idea de que no podían quedar en manos privadas sectores considerados estratégicos y de interés público. Las consecuencias de la medida se evidencian en el poco reconocimiento hacia los venezolanos de su propiedad privada con la anuencia de los organismos judiciales, y la baja eficacia y productividad como resultado del manejo gubernamental.
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El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad presentó este jueves 9 de septiembre un informe sobre tres casos de estudio relacionados con el sector agropecuario, gas y transporte marítimo (puertos), en los cuales se revelan los pobres resultados de la estatización. Hoy, el despojo a sus dueños de una hacienda muestra unas tierras sin uso y sin rebaño, una infraestructura portuaria deplorable y una merma en la distribución de gas doméstico que ha obligado a la población a cocinar sus alimentos con leña.
Ya sea expropiación, estatización, rescate o despojo, en cualquiera de los casos o como cada quien quiera llamar a esta estrategia del chavismo, el resultado siempre ha sido el mismo: la ruina.
Hacienda El Amparo
La hacienda El Amparo, ubicada en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, es la historia de una empresa productiva en la que sus dueños hicieron todo lo posible, desde el punto de vista legal, para demostrar la titularidad de sus tierras. Luego del despojo por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), hoy la finca no produce, no hay vacas pastando en sus extensas hectáreas ni los actuales administradores son sus propietarios, es decir, no tienen derechos sobre esos terrenos.
El sociólogo Felipe Benites Campos, quien presentó el caso de El Amparo, explicó que los dueños de la hacienda mostraron la titularidad de las casi 2.000 hectáreas al presentar documentos de la cadena titulativa que data desde el año 1758. No obstante, esto no fue prueba suficiente para que en 2010 el gobierno les despojara de sus hectáreas por motivos de presunta utilidad pública e interés social, desconociendo así la condición privada y productividad. A la fecha, además no ha habido sentencia ni respuesta a los recursos de defensa de sus propietarios.
«Debemos destacar la tenacidad de sus propietarios en documentar el caso y ejercer todos los recursos posibles para la defensa (…) De hecho, en un momento se les reconoció su propiedad cuando cedieron hectáreas de tierras al Estado por la construcción de un dique y luego con la venta de unas 500 hectáreas entre los años 2007 y 2009», indicó Benites durante su presentación del estudio «Un caso, varias estrategias y cinco lecciones generales».
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Luego, en 2016, fueron víctimas de una invasión y en el año 2017 el Estado aplica la expropiación de todas sus tierras. «45 días tardó el INTI para señalar que no había cadena titulativa, lo que dejó de lado los 400 años de titularidad. Lamentablemente, existe en el país una arquitectura jurídica paralizante, y eso es lo que conduce que el discurso político siga adelante y no se reconozcan los derechos de propiedad».
En la hacienda El Amparo, que era administrada por la empresa Agropecuaria Madre, se perdió la producción cárnica y lechera con la gestión de grandes conucos de producción comunal, luego de contar con 600 animales bajo la mano de sus antiguos dueños. «La gran conclusión son los perjuicios que conlleva un Estado propietario», apuntó el sociólogo.
Los puertos y el comercio marítimo
Desde el año 2009, los puertos del país se encuentran en manos del gobierno central, eliminando así cualquier competencia entre privados para ofrecer mejores servicios y ganar mercados. Esto es a juicio de Jesús Renzullo, investigador de Cedice, lo que ha afectado la infraestructura que hoy muestra una condición deplorable.
«La actividad portuaria es el termómetro de la salud económica de un país. En los últimos años ha ido decayendo el comercio marítimo venezolano. De tener una afluencia de 28 buques todos los meses, desde 2017 el país ha recibido un par de embarcaciones de dos o tres empresas que aún prestan servicios en todos sus puertos», dijo.
El panorama actual de los puertos, luego de ejecutarse un plan de expropiación de las empresas de servicio portuarios, se caracteriza por una infraestructura deteriorada y equipos obsoletos, especialmente una gran falta de grúas para la descarga, los silos que están todos en manos del gobierno se encuentran en desuso, falta personal, costos exorbitantes para el proceso de embarque y desembarque; retrasos e inspecciones que ponen en peligro la puntualidad del envío y un alto número de documentos o requerimientos para la tramitación de permisos para importar y exportar.
«Todo ello ha generado una gran pérdida de credibilidad de Venezuela en el exterior, sobre todo de los proveedores internacionales; así como una menor confianza en la estabilidad económica, lo que eleva el riesgo país y la calificación crediticia», afirmó Renzullo.
El retorno a la cocina con leña
Desde 2007, las Empresas de Propiedad Social Directa Comunal tomaron el control de las operaciones en el sector del gas doméstico y de bombonas. Hoy, se reportan fugas de talentos, crecientes niveles de desinversión, el surgimiento de mercados paralelos en la distribución y un manejo incierto de los recursos económicos asignados.
Así se desprende del estudio que Cedice Libertad, a través del economista Raúl Córdoba, hizo sobre el mercado del gas en Venezuela y sus resultados en los últimos años. Recordó que en el país existe una amplia disponibilidad del gas metano (80%) que se traslada a través de tuberías hasta las cocinas e industrias (14% o 4,5 millones de habitantes) y una baja disponibilidad del gas propano o en bombonas (8%) que se distribuye a 86% de la población (27,1 millones de personas. Esto evidencia las serias dificultades que ha habido en el sector para desarrollarse y ser más eficiente.
«Venezuela fue el país que llevó a cabo el desarrollo del gas en la región Latinoamericana, hoy vemos el retorno de la cocina a leña, lo cual afecta a la salud de la población», sostiene Córdoba.
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Explica que el sector requiere de 70 millones de dolares solo para su reacondicionamiento, y son recursos con los cuales no cuenta el gobierno actualmente. Entre los principales problemas que tiene el sector tras aplicarse también una medida de expropiación y estatización, resalta la escasez de bombonas debido a la paralización de Sidor, otra empresa estatal; el fracaso de la línea de negocio de las bombonas de plástico, el control de precios y la disparidad del valor comercial con respecto a la región de 15 dólares fuera del país versus los 0,7 dólares en Venezuela, lo que no cubre los costos de producción.
«En 2007, Pdvsa Gas Comunal llegó en momentos en que en el país habían 38 empresas, 82 plantas de llenado, 278 distribuidoras al detal, 15 compañías proveedoras de insumos y servicios con 71% de efectividad en la oferta del gas ya sea en bombonas o directo. En 2010, se cuenta con 56% empresas de propiedad social directa comunal y 44% empresas mixtas, pero con 3 millones de bombonas menos, una merma de camiones cisternas y de chutos, menos plantas de distribución y una caída en la producción de gas».
Pero también se perdió uno de los principales objetivos que los gobiernos se han planteado en este sector: «si la senda de desarrollo hubiese continuado el curso inicial, casi 90% de la población contaría con gas directo».
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