Por Carolina Gómez-Ávila
El “Acuerdo en repudio de la actuación de grupos paramilitares amparados por los usurpadores para reprimir al pueblo venezolano” aprobado por la Asamblea Nacional (AN) el 2 de abril (que se puede leer y descargar en https://bit.ly/2UfUQVB), tipifica como “Terrorismo de Estado” la actuación de colectivos en las recientes protestas nacionales por la gravísima falta de servicios básicos.Solidarizada con el pueblo, la AN ordena una investigación de cada caso por parte de la Comisión Permanente de Política Interior y prevé guardar el expediente “hasta que haya una justicia imparcial en Venezuela”, por lo que no deben esperarse resultados a corto plazo.
También se ordena remitir el acuerdo a la OEA y a la ONU a fin de que ambos organismos consideren declarar a estos grupos como terroristas, con las consecuencias que ello implica: escalar las condenas públicas y sanciones a la cúpula que ejerce el poder. También se envía el Acuerdo a la Corte Penal Internacional a fin de que se establezca la responsabilidad de los involucrados, muchos con gruesos legajos.
Conviene saber que, en el catálogo de acciones consideradas como “Terrorismo de Estado”, se incluyen la coacción, persecución, secuestro, desapariciones forzosas, torturas o ejecuciones extrajudiciales; la creación de organizaciones terroristas -abiertas o simuladas- su apoyo por parte del Estado o la negligencia del mismo para perseguirlas; la inducción a la tropa para que cause terror en la población civil adversa; las operaciones militares que Ciudadanos que produzcan inseguridad y temor en la población civil y una política de migración que bien puede impedir el abandono del país o promover el exilio de la disidencia.
Pese a eso, aparte de declaraciones y sanciones que aumentan la presión para el gobierno de facto y la necesaria inclusión del asunto en el historial de cuentas pendientes, no hay acciones inmediatas que la población pueda esperar. Sí habrá, al engordar el expediente, más “amenazas creíbles” -como se les conoce en la teoría de juegos- que pondrían en mejor situación a la oposición democrática en unas eventuales negociaciones, incluso si estas dependieran de la comunidad internacional.
El reto del entorno es darle perspectiva al alcance de este Acuerdo: por un lado aceptar la necesidad urgente de incluirlo en los informes; por otro, renunciar a hacerse expectativas sobre la suficiencia de este trámite para producir resultados o sobre la deseable rapidez de los mismos, de ser el caso. Sólo la suma de presiones puede provocar nuevos quiebres que favorezcan la ruta de democratización. La oportunidad es de aprendizaje y de fortalecimiento de la perseverancia; cada protesta y apoyo a las acciones que emprenden los demócratas, les ayudará a validar y legitimar su interlocución ante la comunidad internacional. El Ejercicio Ciudadano propuesto es comprender y difundir el alcance de esta acción de manera que se aprecie su importancia en su justa dimensión, para que no tomen cuerpo esperanzas infundadas.
4 de abril de 2019
Una colaboración de FormaCiudadanos
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