“Estamos en la mina La Vanguardia, en Nacupay. Acá hemos autorizado el uso de explosivos para aumentar la producción de oro, bajo las normas de seguridad internacionales y con el acompañamiento de Cavim”, escribió el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, en la tarde del 22 de diciembre de 2017. Así lo reseña correodelcaroni.com
Por María Ramírez Cabello
Estaba acompañado del gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, y el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), Jesús Mantilla. “Es parte del plan de ordenamiento de la gestión productiva minera para incrementar la producción de oro”, subrayó Cano.
Ese día, desde Molinos La Vanguardia, Cano anunció la 15° entrega de oro al Banco Central de Venezuela (BCV) para un total de despachos de 8,1 toneladas de la piedra preciosa fundida hasta entonces. “Que cada gramo de oro se convierta en alimentos, en medicinas, en viviendas, en felicidad para nuestro pueblo”, escribió a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.
Tres meses antes, el 7 de septiembre de 2017, la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) en conjunto con el Motor Minero realizó una voladura subterránea, a 170 metros de profundidad, en el Pozo N° 1 de la mina La Vanguardia, reseñó la empresa militar en su página web. “Con esta voladura se da inicio al nuevo modelo de exploración y explotación de minerales; la minería artesanal, caracterizada por el uso de tecnologías y técnicas que minimizan el impacto ambiental y la participación organizada de las comunidades”, indica Cavim en un comunicado publicado en su web.
Cano, Mantilla y Noguera Pietri en Molinos La Vanguardia en diciembre de 2017
Esa planta de procesamiento aurífero La Vanguardia fue catalogada el jueves por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, como empresa fantasma y su dueño, Eduardo Enrique González Mejías, como “capo, mafioso, pran y delincuente de alta peligrosidad”.
La empresa es uno de los molinos con mayor producción en El Callao, con una infraestructura cuantiosa, alrededor de 300 trabajadores y vínculos con el Gobierno. Su nombre ha sido reseñado desde 2016 no solo en documentos oficiales como la Gaceta Oficial, sino también en artículos del Ministerio de Comunicación e Información, Cavim y la Agencia Venezolana de Noticias.
“Todo el mundo en El Callao anda sorprendido, ¿cómo es que una empresa con 300 trabajadores es fantasma?”, dijo un habitante de El Callao vinculado a la minería, que prefirió mantener su nombre en reserva. La planta fue tomada el jueves por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y fuentes indican que González Mejías salió del país hace unos días.
Los lazos con Molinos La Vanguardia no fueron evidentes solo en 2017. En noviembre de 2016, el Minci reseñó que desde la planta de procesamiento aurífera La Vanguardia “se mostraron los resultados de las empresas que de forma amigable extraen oro del suelo venezolano y que son conformados por mineros artesanales”.
Luis Salinas, viceministro de Desarrollo del despacho minero, explicó el funcionamiento de la planta, que cierra la cadena productiva del oro. “Estos procesos comienzan con molinos artesanales, que reciben las arenas y luego de procesos de pulverización, adhieren al carbón que en su penúltimo paso, recibe las partículas de oro, para luego ser fundidas y generar el producto final”.
El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico durante la gestión de Roberto Mirabal Acosta aprobó el 21 de diciembre de 2016 la Resolución N° 000075, publicada en la Gaceta Oficial 40.070 del 9 de enero de 2017, que establece una alianza estratégica con Molinos La Vanguardia para -en alianza con el Estado- desarrollar las actividades de aprovechamiento del mineral del oro, “empleando las mejores prácticas científicas y tecnológicas procurando la óptima recuperación del ambiente y la extracción racional del material mineral aurífero”.
De la autorización solo quedaron exceptuadas las labores de comercialización del oro y demás minerales estratégicos que son de obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela (BCV). En esa Gaceta Oficial, fueron autorizadas alianzas estratégicas con Inversiones El Guayare, C.A. e Inversiones La Lucha 2016, C.A., así como con brigadas socialistas para el aprovechamiento del oro en el sector de Nacupay.
Sin mirar atrás, William Saab señaló el jueves que se solicitó orden de aprehensión contra González Mejías a quien llamó “el zar del oro de El Callao”, apodado como comandante Tati. “Es el dueño de la mayoría de las maquinarias que operan en las diferentes minas para la sustracción del oro, así como de los molinos donde esto se procesa. Las investigaciones han determinado que este ciudadano, González Mejías, financia las bandas criminales, asesinas, que operan en las diversas minas del estado Bolívar con el propósito de adquirir la mayor cantidad de oro para comercializarlo fuera del país de manera irregular, de manera ilegal”.
El fiscal, en pleno desconocimiento de la realidad minera al sur de Bolívar, aseguró que el oro se extrae en minas permisadas y debe ser vendido a Minerven “no de manera ilegal para que aparezca luego en Aruba y Curazao, según las investigaciones que como defensor del Pueblo en el terreno hicimos cuando ocurrió el tristemente célebre suceso de la masacre de Tumeremo”.
Además, informó, se solicitó orden de aprehensión contra Higinio Alfredo Benítez Mendoza, jefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, pues en las investigaciones se determinó que otorgaba permisos para la explotación y exploración de oro de manera irregular a González Mejías. “Era su cómplice”, dijo.
“Este funcionario nunca realizó las fiscalizaciones e inspecciones de las minas para verificar que la producción se destinara a Minerven, no a grupos mafiosos que luego trafican ese oro en el exterior tasado en moneda extranjera particularmente en dólares; permitió también que las minas fueran explotadas indiscriminadamente y se violaran protocolos y normativas vigentes”.
El daño estimado, dijo, en lo que va de 2018 está valorado en 150 kilos de oro, equivalentes a $ 6 millones que el Estado dejó de percibir. Los delitos imputados contra González Mejías son contrabando agravado, tráfico de material estratégico y asociación para delinquir.
William Saab no dijo cómo el Ejecutivo hizo acuerdos con la supuesta empresa fantasma y por qué altas autoridades estuvieron en sus instalaciones sin chistar.
“Pase de factura”
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, sostuvo que la acusación de William Saab es un engaño. “¿A quién persiguen con esta tramoya? A los verdaderos dueños de ‘La Vanguardia’ Gral. Gustavo González López (director del Sebin, hasta esta semana) y el Gral. Antonio Benavides Torres (excomandante general de la Guardia Nacional). Pase de factura. Eso después del asesinato de Fernando Albán y la destitución de la fiscal Harrington (esposa | González)”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.
Como De Grazia, una fuente de El Callao que pidió mantener su nombre en reserva, coincidió en que González Mejías no era el dueño real de la planta. “Los dueños son personeros del alto gobierno. Tati era un limpio de primera, pero ha trabajado mucho la mina, fue subiendo en negocios mineros y cuando lo vimos montó una planta, eso sorprendió a todos también”, dijo.
Molinos La Vanguardia es una de las plantas más actualizadas a nivel de equipos, informó una fuente
“No sé cuál es el fin de lo que está pasando en El Callao porque hablan de una empresa fantasma, pero esa empresa vendió oro al BCV bajo los ojos del gobierno. No es ninguna empresa fantasma. A alguien quieren desplazar y por eso hacen esas acusaciones contra Eduardo González”, sostuvo otra fuente.
“Esas son plantas manejadas por el mismo gobierno. Él tenía sociedad con dos generales de arriba, ¿cómo iba a conseguir los permisos ambientales? Es tan absurda la acusación del fiscal”, agregó.
Críticas al exceso de concesiones
Molinos La Vanguardia es una de las pequeñas industrias procesadoras que se han creado al ritmo de la caída de la estatal aurífera Minerven, que actualmente opera en mínimos. Son pequeñas empresas, cuya labor era asumida anteriormente por la industria estatal y que ahora ha sido desplazada por privados.
Aldrin Torres, exvicepresidente del Consejo Legislativo del estado Bolívar y ex miembro de la dirección estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue asesinado junto a su pareja Rebeca Núñez, en agosto de 2018.
Un par de meses antes del homicidio de la pareja, Torres publicó tres columnas de opinión en las que criticaba el profundo deterioro de la única empresa aurífera, propiedad del Estado venezolano, Minerven, y pedía una mejor y mayor administración de los recursos auríferos y evitar el exceso de concesiones a empresas privadas que, consideraba, aportaban poco o nada a las finanzas públicas.
El político criticó directamente el rol del expresidente de la industria, Nino Angulo, por privilegiar al sector privado, mientras la estatal aurífera colapsaba. “En el desarrollo minero nacional es necesario que florezcan muchas iniciativas privadas dentro de alianzas estratégicas con el Estado, como nos lo ordenó el comandante Chávez en 2011, pero estas no deben soportarse sobre los escombros de nuestra única industria aurífera nacional”, expresó.
