Más allá de los “acuerdos” para la reposición de inventarios entre supermercados y gobierno hay un factor que no se nos puede escapar del análisis. Se trata de la escasa seguridad que el mismo Estado y gobiernos regionales pueden brindar para el transporte de alimentos de un punto a otro del país.
Ustedes seguramente pensarán que esto no es nada nuevo, pero probablemente han sido testigos o han recibido información reciente sobre los diferentes tipos de asaltos de los cuales son víctimas las unidades que transportan alimentos y que cada vez son más numerosos y frecuentes en las diferentes rutas del territorio nacional, según artículo publicado en el portal Venepress.
Además de las mafias de autopista y rateros de carretera, que actúan al margen de la ley y con mayor facilidad a altas horas de la noche y en caminos desolados y carentes de iluminación, hay el “asalto institucional” que se expresa en “la vacuna” que los camiones deben pagar a guardias nacionales, policías estadales, fiscales de organismos públicos y hasta a funcionarios de gobernaciones y alcaldías. Esta modalidad funciona a plena luz del día y bajo la “excusa de la aplicación de la ley”.
Desde conductores de cooperativas campesinas hasta de las empresas de mayor dimensión deben salir “preparados con un fajo de billetes” para responder a las “alcabalas” que se suelen encontrar por el camino. Algunos cobran en dinero y otros en productos. En la ejecución de esta modalidad delictiva no hay el mayor temor y es posible verlos en las orillas de las vías cobrando “peaje”. Para los agricultores y empresarios en general este ya es parte del “costo” de comercialización de sus alimentos, pues es muy difícil llegar ileso al destino predeterminado.
A esta situación ya muy irregular aunque cuente con la “vista gorda” de todos, se suma también con mayor frecuencia los saqueos de personas o grupos organizados en la provincia por hambre. Esa es la razón expuesta, realidad que no se cuestiona, pero que particularmente no justifico como móvil para el robo. Recuerdo con claridad cuando en 1999 Hugo Chávez, ya presidente justificaba el “robo famélico”; considero que a partir de ese momento se comenzó relajar el sistema de principios del venezolano. Obviamente el robo por hambre es tan viejo como el hombre mismo, pero considero que en nuestra historia contemporánea luego del incidente aislado del “Caracazo”, las declaraciones presidenciales marcaron el comienzo del desmoronamiento moral de nuestra sociedad, que llevó a la creación de leyes paralelas, organizaciones paralelas e interpretaciones judiciales acomodaticias, que nos han llevado a la inseguridad jurídica campante y a la fragilidad institucional que vivimos.
¿Quién garantiza a los supermercados que lo que compren a sus proveedores llegará a sus establecimientos en la actualidad? ¿El gobierno? Pues es lo que corresponde, lo correcto, lo que debería ser; pero cómo confiar en unos funcionarios que se destacan por el incumplimiento constante de su palabra, por lo improvisado de sus acciones y por su despreocupación por cualquier tema ajeno al de mantenerse en el poder.
