La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad para la Adquisición de Bienes y Obras Públicas, marco legal presentado el pasado 5 de enero por el Ejecutivo Nacional.
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Este texto legal, conformado por 20 artículos, tiene como objetivo «el establecimiento de normas básicas de conducta para la administración pública, en todo sus niveles, que promuevan la honestidad, la participación en los procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras públicas».
Esta ley, además, busca actualizar los mecanismos de las contrataciones públicas y simplificar los trámites necesarios, para así evitar el burocratismo y la corrupción.
«Esta ley constitucional unifica el funcionamiento del sistema integrado de contrataciones del Estado, guiado por la armonización de metodologías, criterios y conceptos utilizados por todos los órganos y entes contratantes del Estado, bajo una política orientada a la simplificación de trámites, estandarización tecnológica, promoción de nuevos actores económicos, creación de nuevos métodos de gestión, fomento de la industria nacional, optimización de la inversión pública y lucha contra el burocratismo y la corrupción», refiere el texto legal, leído en sesión ordinaria de la ANC, transmitida por VTV.
De igual forma, señala, que las instituciones del Estado contarán con un registro único de contrataciones, que contendrá los actores que participan en las contrataciones y los métodos de gestión.
Para participar en las contrataciones, solo será necesario presentar el comprobante de inscripción del registro único de contrataciones públicas, que será regulado y administrado por el Ejecutivo Nacional.
Para obtener este comprobante – detalla el marco legal – los interesados deberán presentar un formulario electrónico que contenga una declaración jurada en la que se especifique que no se cuenta » ninguna causal de inhabiltiación o exclusión de las establecidas en el ordenamiento jurídico relativo a contrataciones públicas», así como «una declaración formal de su disposición de presentar a la administración, previa petición, los correspondientes documentos».
Asimismo, se establecerá una unidad para el cálculo aritmético, «que será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde, establecido por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación publica o para el cumplimiento de condiciones o requisitos relacionados».
Esta unidad será fijada por el Ministerio para la Planificación y el Ministerio para las Finanzas, luego de que sea aprobada durante una reunión en Consejo de Ministros.
Indica que las personas naturales o jurídicas que traten de presentar una declaración falsa para obtener el comprobante de inscripción para la contratación, serán inhabilitados por un período de 10 años.
«Cuando la inhabilitación recaiga hacia una persona jurídica se extenderá a los representantes, directivos, administradores, gerentes o encargados responsables de la inscripción de dicha entidad o la presentación o gestión de oferta ante órganos o entes de la administración pública», refiere la ley.
Este marco legal también promueve el trabajo de la industria nacional, debido a que las contrataciones beneficiarán a las pequeñas y medianas industrias, así como a las organizaciones socioproductivas que se encuentren inscritos en el sistema económico comunal.
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