Fiscal general solicita antejuicio de mérito contra magistrados de Sala Constitucional

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Sostiene que jueces estarían incursos en conspiración contra la República

La fiscal general de la Reública, Luisa Ortega Díaz, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por «estar presuntamente incursos en delitos de conspiración contra la forma de vida republicana».

En declaraciones a la prensa a la salida del TSJ, la funcionaria explicó que estos jueces habrían atentado contra la República con las sentencias 155 y 156, las cuales en quitaban la Asamblea Nacional todas sus atribuciones y otorgaban al Presidente de la República funciones que no le corresponden, incluyendo penales. Agregó que las aclaratorias hechas por la sala luego de un exhorto del Consejo de Defensa de la Nación para resolver la controversia entre el TSJ y la Fiscalía no resolvió la cuestión de fondo.

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«No puede ser que por un capricho de la Sala Constitucional se disuelva la Asamblea Nacional, ni el Ministerio Público», dijo Ortega Díaz.

Prosiguió reiterando sus cuestionamientos al fallo que avaló la convocatoria a una asamblea nacional constituyente sin consultarlo previamente con la ciudadanía. Esto, a su juicio, acaba con la democracia participativa y protagónica.

Los jueces señalados por la titular del Ministerio Público son los principales Juan José Mendoza, Luis Damiani Bustillos, Carmen Zuleta Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Lourdes Suárez Anderson y Calixto Ortega, así como los suplentes Federico Fuenmayor y René de Graves.

La fiscal dijo que, como medida cautelar, solicitó que estos magistrados sean apartados de sus cargos. Los instó a inhibirse por ser parte del caso y dijo que, de lo contrario, pedirá su recusación. «Sería la muerte del Derecho en el país si esos magistrados siguen en la Sala Constitucional», afirmó.

Ortega Díaz aprovechó además para confirmar lo dicho ayer en una entrevista radiofónica sobre su impugnación del nombramiento de 13 jueces principales del TSJ y 21 suplentes, por la Asamblea Nacional pasada. Insistió en que el proceso estuvo viciado y que ella no firmó el documento del Consejo Moral Republicano avalando la designación de los jueces.

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