Nueva junta directiva del TSJ destaca por historial favorable al chavismo

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Sus integrantes han fallado recurrentemente a favor del partido de gobierno en decisiones judiciales

La nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia confirma una vez más que, como dijera el diputado Pedro Carreño en 2004, el chavismo «no va a meterse autogoles» en cuanto designaciones para la cabeza del Poder Judicial. Sus tres integrantes se han distinguido por sentencias favorables a los intereses políticos del partido de gobierno. Dos de ellos llaman la atención por sus vínculos directos con la dirigencia chavista.

Maikel Moreno, quien ahora es presidente del TSJ, puede incluir en su currículo como abogado y juez varias actividades que le merecerían el espaldarazo de cualquier «revolucionario». Fue el abogado defensor de Richard Peñalver, hoy concejal en Caracas pero más recordado como uno de los pistoleros de Puente Llaguno durante los sucesos del 11 de abril de 2002. Moreno lo asistió legalmente en el proceso por ese caso.

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Ya como juez de control estuvo al frente del proceso de la exsenadora copeyana Haydeé Castillo y su esposo, luego de que el hijo de ambos, Antonio López Castillo, muriera en un enfrentamiento con agentes de seguridad cuyas circunstancias nunca han sido esclarecidas. El suceso estaba vinculado con la investigación del asesinato del fiscal Danilo Anderson. La residencia de la dirigente política retirada fue allanada y sus dos ocupantes señalados de poseer explosivos, aunque esto nunca fue comprobado. Por ello, se les impuso un régimen de presentación ante Moreno.

Otro caso más relacionado con los hechos del 11 de abril en el haber del magistrado: Fue Moreno quien condenó al exdirector de la Policía Metropolitana, Iván Simonovis, como autor intelectual de varias de las muertes de ese día.

La asistente

La primera vicepresidencia del TSJ tocó a Indira Alfonzo. Esta abogada ingresó a la corte máxima en 201o como magistrada suplente. Pero antes de eso tuvo un trabajo que por años la mantuvo como asistente del hoy gobernador chavista de Carabobo, Francisco Ameliach, cuando el mismo fue diputado a la Asamblea Nacional. Era parte del equipo personal de trabajo del parlamentario, y cuando Ameliach ocupó la presidencia de la cámara entre 2003 y 3005, Alfonzo fue directora general de ese despacho.

Se le atribuye un comentario polémico publicado en su perfil de Facebook sobre el dirigente opositor detenido Leopoldo López. Específicamente, en diciembre de 2013, habría señalado a López de ser «uno de los dirigentes más rancios de la derecha» y exhortó a vigilar sus movimientos.

En 2014, Alfonzo ascendió a magistrada principal. Siguió siendo generadora de controversias. La sentencia que suspendió cautelarmente el resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado en Amazonas, por petición de la candidata oficialista derrotada Nicia Maldonado, fue preparada por ella. Hasta el sol de hoy, ese asunto no ha sido resuelto, y la entidad sureña lleva más de un año sin representación legislativa reconocida por los demás poderes públicos.

Alfonzo fue mucho más diligente en fallar a favor de exigir que la oposición recolecte las firmas de 20% de los votantes registrados en todos los estados del país para que se convoque el referéndum revocatorio, a pesar de que en ninguna parte la Constitución lo dispone así, y el reglamento del Consejo Nacional Electoral para consultas de esta naturaleza, tampoco. Esa sentencia fue emitida en octubre del año pasado.

La juez fue confirmada para un nuevo período al frente de la Sala Electoral. Como máxima autoridad de esa instancia, no se ha inmutado para nada ante el retraso del CNE para convocar las elecciones regionales que debieron realizarse el año pasado. Gracias a este retardo, su exjefe ya lleva dos meses más de los permitidos por la Carta Magna en su despacho en Valencia.

El diputado

Juan José Mendoza completa el triángulo como segundo vicepresidente del TSJ. De los tres, su nombramiento pudiera ser el más polémico de todos. También entró a la corte en 2010, y antes de eso fue diputado a la Asamblea Nacional por el oficialismo. En su momento la oposición y organizaciones de la sociedad civil protestaron por esta irregularidad.

Ahora Mendoza amenaza con cárcel a quienes hoy serían sus rivales de debate si no hubiera decidido cambiar la curul por la toga. El mes pasado fue ponente de una sentencia de la Sala Constitucional que no solo rechazó el abandono del cargo del Presidente dictado por el Parlamento, sino que además amenaza con aplicar a los diputados opositores que aprobaron dicha medida con un procedimiento legal que los pudiera poner por año y medio tras las rejas.

Mendoza fue ascendido además a presidente de la sala más importante de todas: la Constitucional, esa que ha emitido los incontables fallos que redujeron prácticamente a cero los efectos de las decisiones de la AN desde que la controla la oposición. Con él difícilmente pueden esperarse cambios en esa tendencia.

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