La mano de Trump está poco o nada involucrada en la sanciones
La noticia corrió por medios digitales mientras las televisoras estaban intervenidas por una cadena presidencial, aunque, por autocensura, es poco probable que la hubieran transmitido de estar libres: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió al vicepresidente Tareck El Aissami a su lista de personas señaladas de colaborar de forma prominente con el narcotráfico. También al empresario oficialista Samarck López, a quien las autoridades norteamericanas identifican como un testaferro de El Aissami. Como resultado, las propiedades de López (y, presuntamente, de El Aissami) en territorio estadounidense fueron congeladas.
Estos señalamientos se producen en el contexto de las ya considerablemente deterioradas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, cuyo Gobierno frecuentemente acusa a Washington de estar detrás de los numerosos males que afectan a sus ciudadanos. Es de esperar una reacción fuerte por parte de Caracas. Aunque El Aissami es el décimo cuarto venezolano añadido a esta lista (que ya incluye, por ejemplo, a los gobernadores de Trujillo y Guárico), nunca se habían hecho acusaciones tan graves contra un funcionario de este nivel y que, presuntamente, el chavismo estaría preparando para ser el próximo portador de la banda presidencial.
¿Habrá una respuesta al margen de los tuits del propio acusado y algún comunicado airado de la Cancillería? Una medida frecuente cuando las relaciones bilaterales se enfrían más de lo normal es la expulsión de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. De concretarse, ello sería una noticia potencialmente mala para quienes deseen tramitar próximamente una visa. Debido a su reducido personal, el año pasado la embajada suspendió los cupos para quienes solicitaran por primera vez visas de turismo o negocios. Todavía menos trabajadores en la misión diplomática supone mayores demoras en los trámites que siguen disponibles o, probablemente, la eliminación de más servicios.
Ruptura que no llega
En Venezuela es común desde hace años escuchar reproches, tanto de opositores como de oficialistas, sobre la continuidad de las relaciones con Estados Unidos. Los primeros cuestionan que Washington mantenga vínculos diplomáticos con un Estado al que ha señalado reiteradamente de violar Derechos Humanos y de albergar a presuntos naroctraficantes en las más altas esferas del poder. Mientras, algunos chavistas instan al Gobierno venezolano a ser más firme y romper toda relación con la «potencia imperial».
El hecho es que el deterioro sin precedentes en los lazos bilaterales no ha eliminado los grandes intereses económicos que todavía existen. Aunque en la era chavista los despachos de petróleo a Estados Unidos han venido cayendo constantemente, el país sudamericano todavía es su tercer mayor proveedor extranjero de crudo, tras Canadá y Arabia Saudita. En los primeros 10 meses de 2016, Venezuela exportó un promedio de 792.000 barriles diarios a Estados Unidos, según cifras del Departamento de Energía de ese país citadas por el portal Efecto Cocuyo. Se estima que para entonces EE.UU. era el destino de 41% del petróleo venezolano.
Acabar de un tajo con este intercambio o ponerlo seriamente en peligro por el escenario de relaciones diplomáticas rotas implicaría una alteración no despreciable en el mercado energético norteamericano, y consecuencias mucho más graves para Venezuela. El «imperio», junto con la India, es el único importador relevante de petróleo venezolano que paga de contado los envíos del hidrocarburo. Casi todo el resto del petróleo se usa para cancelar deudas a China o llega a los países del convenio Petrocaribe en forma subsidiada. Venezuela no podría cerrar el grifo de petrodólares que llegan desde el norte en momentos de una crisis de liquidez que dificulta el pago de su deuda financiera y la importación de bienes de primera necesidad que ya son críticamente escasos.
Por otro lado, Estados Unidos ha mantenido relaciones con países cuyos gobernantes han sido igualmente señalados de estar comprometidos con el tráfico de estupefacientes. Por ejemplo, durante el gobierno de Ernesto Samper en Colombia, Washington acusó a Bogotá de no hacer nada efectivo contra los carteles de cocaína e incluso retiró su visa al Presidente, inmerso en un escándalo luego de conocerse que su camapaña electoral recibió dinero de narcotraficantes.
Lo bueno y lo malo de Trump
Las sanciones a El Aissami fueron identificadas por algunos como «el fin de la luna de miel» entre el presidente Nicolás Maduro y su nuevo par estadounidense, Donald Trump. El venezolano se ha abstenido de hacer críticas al nuevo ocupante de la Casa Blanca, incluso ante sus acciones más polémicas como la construcción del muro fronterizo con México. Es más, Maduro ha señalado a los grandes medios occidentales de encabezar una «camapaña de odio» contra Trump y comentado que este «no puede ser peor» que su antecesor, Barack Obama.
De hecho, Miraflores todavía tiene razones para esperar alguna mejora en las relaciones con Trump. Las sanciones a El Aissami no son producto de una iniciativa del nuevo Ejecutivo estadounidense, sino del anterior. La información oficial difundida por el Departamento del Tesoro enfatiza que las investigaciones sobre el vicepresidente venezolano se realizan desde hace varios años.
La inclusión de El Aissami y López en la lista negra fue una de las últimas acciones de esta instancia bajo la conducción interina de Adam Szubin, quien trabajó durante casi todo el mandato de Obama como director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Esta es la agencia federal de inteligencia financiera encargada de planificiar y ejecutar sanciones económicas en apoyo de los objetivos de seguridad y política exterior del Gobierno de EE.UU. Szubin fue reemplazado como secretario del Tesoro por Steven Mnuchin, el nominado de Trump, pocas horas después de que se conociera la sanción a los venezolanos.
Por otra parte, aunque Trump ha hablado casi nada sobre Venezuela desde sus días como candidato, es improbable que él, o al menos sus asesores, pasen completamente por alto el caso de El Aissami. Sobre todo si el vicepresidente mantiene su ascenso. Aunque sus métodos sean ampliamente cuestionados, Trump ha dejado claro que su gobierno dará prioridad a la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos ante amenazas terroristas y al combate al narcotráfico.
Desde hace años organizaciones no gubernamentales y centros de investigación en materia de seguridad han señalado a El Aissami de tener vínculos con extremistas musulmanes como Hezbolá. Específicamente sostienen que el funcionario venezolano usó su influencia en los servicios migratorios nacionales para dar pasaportes venezolanos a presuntos terroristas de forma irregular. El Centro para una Sociedad Segura y Libre también lo ha acusado de desarrollar «una sofisticada red financiera que sirve para sustentar a terroristas islámicos en Venezuela y los países de la región, enviando recursos desde América Latina hacia Medio Oriente».
A todo esto se añade una la reciente investigación de CNN y CNN en Español sobre la supuesta venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países del Medio Oriente, que también vincula a El Aissami. El escenario sigue luciendo remoto, pero no es completamente descabellado que Estados Unidos endurezca el acceso de venezolanos en caso de que estas informaciones sean tomadas muy en serio por las nuevas autoridades. Irónicamente, la fuente es una cadena de televisión que Trump no pierde la oportunidad de señalar como la principal difusora de «noticias falsas» debido a su línea editorial marcadamente opuesta a él.
Lo que haga Trump con Venezuela sigue siendo un enigma, pero los acontecimientos recientes podrían acelerar una visión más clara.
