Caracas.- La nueva fase de la investigación de Transparencia Venezuela sobre Empresas del Estado arroja luces sobre la dimensión del control del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre sectores claves, y la coacción y discriminación que ejerce sobre los productores agropecuarios tradicionales.
“Para sembrar hay que callar. No hablar mal del Gobierno”. La frase resume el tipo y alcance de la supuesta coacción, que de acuerdo a los hallazgos del estudio, imponen los militares a los productores agropecuarios privados en Venezuela cuando éstos intentan acceder a los insumos necesarios para la siembra y ganadería, hoy bajo el control del Estado desde la expropiación de Agroisleña y su transformación en Agropatria en 2010.
Agropatria, cuyos activos aún no han sido pagados a sus antiguos dueños, tiene una importancia estratégica en el mundo de la producción agropecuaria porque es -o era- la distribuidora de semillas, fertilizantes, equipos, asistencia y hasta créditos para el campo venezolano.
La situación de los productores tradicionales es sensiblemente peor desde la creación de Agropecuaria de la Fuerza Armada Bolivariana AgroFanb, la empresa militar, creada en agosto de 2013, a través de la cual se impuso el control de los uniformados castrenses sobre la producción del campo venezolano. Es una de las 526 empresas propiedad del Estado venezolano que identificó Transparencia Venezuela en una investigación hecha en 2017 y cuyo directorio resultante puede ser consultado en el portal de datos abiertos más importante del país, Vendata. Al mismo tiempo es una de las tantas empresas que son exclusividad de los militares, de acuerdo con otra de nuestras investigaciones La Fuerza Armada venezolana tiene luz propia en la corrupción.
Fuentes consultadas en el marco de la continuación de la investigación sobre las Empresas Propiedad del Estado -y cuyos nombres se reservan para evitar mayores retaliaciones- señalan que AgroFanb se ha transformado en un filtro para decidir quién participa del proceso de producción y cómo se distribuyen los alimentos, en medio de una escasez de comida sin precedentes en este país.
En 2008 la producción privada cubría 70% de la demanda nacional y 10 años después, apenas un 30% y viene cayendo, entre otras razones, por la escasez de los insumos que debe proveer la industria para la siembra, tales como semillas, fertilizantes y maquinarias.
“La directriz de AgroFanb parece ser la de bloquear al sector privado. Siempre han resultado infructuosos los intentos por coordinar con el Ejecutivo Nacional, o más bien con los militares, alguna política que permita paliar la falta de alimentos en los anaqueles. No hay voluntad de sentarse porque no tienen respuestas”, reveló uno de los consultados. El productor se ve envuelto en un círculo pernicioso: no puede acceder a los insumos necesarios para la siembra y si no produce, le expropian las tierras.
AgroFanb es presidida por el vicealmirante José Gregorio Aguilera, quien también está al mando de Agropatria. Es el funcionario que tiene la última palabra en la distribución de los insumos.
¿Los militares siembran?
En 2017, AgroFanb reportó que de 1.000 hectáreas productivas habían logrado pasar a 18.900. Oficialmente informó también que en el invierno de ese mismo año sembraron 104.000 hectáreas de maíz y sorgo.
Pero las cifras de producción de AgroFanb son inauditables, y en ocasiones han discrepado de las divulgadas por el Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras.
Es así como la promesa del militar sembrando para el pueblo es solo propaganda. “En la práctica no existe un programa de producción de AgroFanb”, enfatizan los productores. AgroFanb tiene una estructura básica en Aragua y Bolívar, principalmente, pero no hay registro certero de cuánto se produce, si fuera verdad esto.
La estrategia militar es buscar aliados en el sector agroalimentario que se plieguen a las condiciones impuestas desde el Ejecutivo Nacional. No son productores, son organizaciones de comercio”, argumentan los consultados.
“Los militares les dan insumo solo a sus aliados. A los productores privados les dan lo que queda”. Así se resume el plan de financiamiento impuesto por los uniformados. De allí que para el Gobierno Nacional hay productores de primera y productores de segunda.
El lucrativo negocio de la intermediación
En 2017 el Gobierno impuso la obligación de vender al Estado 20% de la producción privada de maíz, arroz y sorgo, bien sea a AgroFanb o a Agropatria, a cambio de insumos para la siembra.
En 2018, el programa de financiamiento de AgroFanb estableció que en lo sucesivo ya no sería 20%, sino 30% de la producción privada la que debía ser vendida al Estado a precio regulado. Es el sometimiento del productor (aliado o no del Gobierno) al denominado Plan Zamora Bicentenario, que fue anunciado a principios de 2016, con la promesa de impulsar la producción primaria de alimentos, en unión “cívico-militar”.
AgroFanb vende el arroz, el maíz y el sorgo a la industria. Es el filtro de los militares. Es una práctica que se podría prestar para la conformación de mafias y corruptelas en distintas formas.
Además, de acuerdo a información obtenida por Transparencia Venezuela, existe una marcada diferencia entre el costo de los insumos adquiridos por Agropatria (antigua Agroisleña) a Pequiven (filial de la estatal Pdvsa), y el monto que tienen que pagar por esos mismos insumos los productores que no forman parte de la estructura estatal.
