Composición actual de la Corte Suprema le dificulta las cosas, pero un recién llegado podría cambia la situación
A Hugo Chávez no le gustaba cuando el Poder Judicial tomaba decisiones contra sus intereses. Así, por ejemplo, públicamente reprendió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a finales de 2002 por un fallo en el que consideraron que “no hubo golpe de Estado” el 12 de abril de ese año. El episodio es recordado porque el “comandante” señaló a los jueces de “poner la plasta”.
Hacer símiles entre Chávez y el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se ha vuelto un lugar común que no sorprende a nadie. Sin embargo, las similitudes entre ambos líderes no paran de manifestarse. Esta vez Trump descargó su pistola de descalificaciones y señalamientos predilecta, su cuenta de Twitter, contra el sistema judicial de su país por frenar cautelarmente su orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana por al menos 90 días. “La opinión de este supuesto juez, que esencialmente retira la aplicación de la ley de nuestro país, es ridícula y será revertda”, dijo, en referencia al juez federal detrás de la sentencia contra su decreto. En otro, tuit, Trump responsabilizó a la corte por cualquier ataque terrorista que ocurra en suelo norteamericano.
El Gobierno de inmediato apeló la decisión del tribunal ante uno de orden superior, pero este rechazó el recurso. Analistas ven altamente probable que Trump suba un escalafón y apele de nuevo, pero ante la Corte Suprema. De ser así, el destino de la orden ejecutiva estará en manos de los ocho magistrados que componen la cabeza del Poder Judicial estadounidense. Normalmente esta instancia está compuesta por nueve personas, pero desde el año pasado hay una vacante, tras la muerte del juez Antonin Scalia.
Todos los casos presentados ante la Corte Suprema son aprobados o rechazados por el voto mayoritario de los magistrados. Un empate es de ordinario imposible, dada la composición impar. Pero sí puede ocurrir porque una de las sillas esté vacía, como sucede ahora. En ese caso, se mantiene intacta la decisión de la corte inmediatamente inferior, aunque sin sentar un precedente de jurisprudencia. Si Trump apela y hay cuatro votos a favor y cuatro en contra, la congelación de su decreto seguirá en pie.
El quid del asunto está en cómo votarán los ocho jueces. La mitad de ellos constituye lo que se considera el “ala liberal” de la corte. Fueron nominados por presidentes que militan el Partido Demócrata y tienden a favorecer decisiones en sintonía con las posiciones de ese partido, entre las cuales se encuentran menores restricciones a la inmigración. Otros tres, por el contrario, integran el “ala conservadora”. Llegaron al tribunal de la mano de presidentes republicanos y, paralelamente, es común que asuman posturas afines a las de esta tolda, que en general está a favor de endurecer las políticas para el ingreso de extranjeros. El magistrado restante, Anthony Kennedy, es considerado el “voto péndulo”, que oscila entre ambas alas. Aunque tiene un tinte conservador, proveyó el quinto voto necesario para una sentencia de 2015 que ordenó que las parejas de mismo sexo puedan casarse en todo el territorio nacional.
Lo más probable es que el ala liberal vote en bloque contra el decreto de Trump (aunque siempre puede haber sorpresas). Más oscuro es el panorama con sus colegas, dado que la medida presidencial ha sido también cuestionada por dirigentes y activistas de derecha. Si hay un pronunciamiento rápido y el ala conservadora más Kennedy optan por apoyar el decreto, este aun así quedaría congelado por el consiguiente empate.
El recién llegado
Otro escenario ocurriría si el fallo se produce después de que se incorpore al tribunal Neil Gorsuch, el nominado de Trump para llenar la vacante dejada por Scalia. En Estados Unidos, los candidatos a la Corte Suprema deben ser confirmados por el voto mayoritario del Senado, primero en el Comité Judicial y luego en el pleno. El rechazo a una nominación ha sido poco frecuente a lo largo de lo historia (solo se ha dado 12 veces en casi dos siglos y medio). Además, el Partido Republicano, del que Trump es miembro, es mayoría tanto en el comité como en la cámara completa. La entrada de Gorsuch parece asegurada, aunque es difícil saber cuánto tardará.
¿Y cómo pudiera comportarse Gorsuch en la corte? La lógica hace suponer que Trump solo nominaría a alguien que favorezca sus políticas, y más aún tratándose de inmigración y seguridad nacional, asunto clave de su campaña. No obstante, cabe la posibilidad de que esté errando el tiro.
La prensa norteamericana ya se ha dado a la tarea de sondear las posiciones del candidato a lo largo de su carrera como juez. En cuanto a inmigración, Forbes recordó que en 2016 Gorsuch “expresó profunda preocupación sobre los derechos al debido proceso de un inmigrante cuya solicitud del estatus de residente fue rechazada por la Junta de Apelaciones Inmigratorias, tras una ley que aplicó retroactivamente a su caso”. El magistrado también se manifestó en ese caso en contra de que agencias del Ejecutivo interpreten la ley, algo que los oponentes del decreto de Trump acusan al Gobierno justamente de hacer.
Quienes critican la medida presidencial argumentan también que se trata de un flagrante caso de discriminación religiosa. Otro posible motivo para escollos. Gorsuch ha sentenciado consistentemente a favor de los derechos de culto. En un caso que involucraba un nativoamericano preso, planteó que el Congreso ha dejado claro que los jueces “no tienen licencia para determinar el valor relativo de un ejercicio para una religión”.
Así pues, todavía está por ver si Trump también acusará a Gorsuch, o a la corte en general, de «ponerla», como hizo el «eterno» hace década y media.
