La abogada Luisa Leperbanche indicó que efectivamente las sanciones iban dirigidas en un comienzo a particulares del sector público y personas que habían violado los derechos humanos en el país.

Sin embargo, impactaron en el sector comercial y sector regulador y afectando a los actores privados. Esto desencadenó limitantes en la actividad económica del país y de proveedores o socios extranjeros.
Explicó que los que están más cerca de los sancionados son los que se han visto más afectados por la medida de Trump.

No obstante, la abogada enfatizó que ante las consecuencias operativas que se han presentado en algunos casos, el gobierno estadounidense ha emitido algunas licencias dado que cada caso es particular.

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Por su parte, Guillermo Arcay resaltó que el trabajo de la OFAC es complejo.

Resaltó que las empresas prefieren lavarse las manos y dejar fuera a Venezuela para no enfrentarse a un problema legal con el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Sumado a ello, el economista de Ecoanalitica resaltó que las sanciones se aplicaron en agosto y se iniciaron en septiembre. En los primeros tres meses se comienza a ver el impacto de las mismas y se hacen las debidas correcciones.

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