Las principales centrales sindicales del país (CTV, CUTV, UNETE, CODESA, CGT, ASI) junto a federaciones universitarias, de salud y educación, consignaron recientemente un pliego de exigencias ante el Ministerio del Trabajo, entre las que destaca el rescate de las pensiones del trabajador jubilado venezolano en el exterior. El documento también denuncia la «destrucción progresiva» del salario y las prestaciones sociales desde el año 2013.
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Una de las peticiones más específicas y contundentes del pliego es la atención a las pensiones de la diáspora de jubilados. Los firmantes exigen formalmente:
- Pago retroactivo en el exterior: Se solicita la restitución inmediata del pago retroactivo de las pensiones a todos los beneficiarios que se encuentran fuera de Venezuela.
- Garantías Constitucionales: Exigen que el Estado cumpla con los artículos 80 y 86 de la Constitución, garantizando el derecho a la seguridad social sin importar el lugar de residencia.
- Bono de Alimentos y Medicinas: Demandan el cumplimiento de la ley aprobada en 2016 para el pago de bonos de alimentación y medicinas a pensionados y jubilados.
- Sistema Integral: Piden la creación de un sistema de seguridad social público, universal y solidario que cubra contingencias de vejez, enfermedad y vivienda.
Salarización de bonos y rescate del ingreso
El pliego denuncia que el 99% de lo que perciben los trabajadores actualmente no es considerado salario, lo que califican como un «fraude a la legislación laboral».
En ese sentido, demandan «salarizar» todas las bonificaciones, incluyendo el «Bono de Guerra Económica», para que tengan incidencia en el cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales.
Además, piden establecer un salario y pensiones mínimas que cubran el costo de la canasta básica familiar, según lo estipulado en el artículo 91 constitucional.
De igual manera, solicitaron compensar a los trabajadores cuyas prestaciones y ahorros fueron pulverizados por las reconversiones monetarias de 2018 y 2021.
Libertad sindical y cese de la criminalización
La coalición denuncia una «sistemática violación a la libertad sindical» y la criminalización de la protesta. Entre sus peticiones políticas destacan:
- Libertad para dirigentes: Exigen libertad plena e inmediata para todos los trabajadores y sindicalistas detenidos por sus luchas laborales.
- Derogación de instrumentos represivos: Piden dejar sin efecto el memorando 2792, el instructivo ONAPRE y leyes como la «Ley Contra el Odio» y la «Ley Simón Bolívar», que aseguran son usadas para perseguir el activismo.
- Derecho a Huelga: Eliminar las trabas en la LOTTT que hacen «inviable» el ejercicio legal del derecho a huelga en el país.
El documento cuenta con el respaldo de figuras y organizaciones de todo el espectro laboral, incluyendo a Ana Rosario Contreras (Colegio de Enfermería), Pedro Arturo Moreno (CTV), Pedro Eusse (CUTV), Eduardo Sánchez (SINATRAUCV) y Emilio Lozada (COPENJUVE), entre otros representantes de sectores estratégicos como el petrolero, eléctrico y siderúrgico.
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