El Observatorio Ambiental Proyecto EPA, de la ONG Fundaredes, ha levantado la voz contra lo que describe como una actitud «complaciente» por parte del Estado venezolano ante la proliferación de la minería ilegal. Esta denuncia surge tras el trágico derrumbe en la mina «Bulla Loca», donde al menos 16 personas perdieron la vida.
Según Proyecto EPA, el Estado ha permitido que «grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas» en el Arco Minero del Orinoco, ubicación de la mina «Bulla Loca».
La organización advierte sobre las graves consecuencias ambientales de esta actividad ilícita, que incluyen deforestación, contaminación de fuentes hídricas, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad, lo que amenaza la reserva natural más importante del país.
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Además del impacto ambiental, la minería ilegal también afecta a las comunidades locales, que dependen de los recursos naturales para su sustento. Se denuncian condiciones de trabajo forzoso y esclavitud moderna para quienes laboran en las minas.
A pesar de la respuesta oficial del presidente Nicolás Maduro, quien ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) un plan de recuperación y reforestación en la zona, Proyecto EPA denuncia la corrupción de algunos funcionarios en la cercana zona de La Paragua, cerca de la mina colapsada.
Esta situación evidencia la falta de medidas efectivas por parte del gobierno para abordar el problema de la minería ilegal en Venezuela. En el pasado, el Ejecutivo desalojó a más de 10.000 mineros ilegales de la Amazonía venezolana sin proporcionar detalles sobre su destino o si enfrentaron algún proceso legal.
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