El fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó el «intento de manipular la imagen de la nación» con la reciente condena de seis integrantes del grupo Unidad de Resistencia Popular (URP), quienes actuaron «al margen de la ley para conspirar contra el gobierno y la democracia venezolana».
En rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal manifestó que estos condenados «no son líderes sindicales ni pertenecen a sindicato alguno». “De hecho, un solo sindicato salió en defensas de esas personas”, dijo.
Señaló que al momento de ser detenidos «no se encontraban haciendo ninguna labor vinculada a la lucha sindical». “Entonces, por qué colocarle el ropaje de líderes sindicales a unas personas que fueron detenidas por labores conspirativas”, argumentó el titular de la acción penal.
Agregó que esta «manipulación se presentó con el fin de atacar a las instituciones democráticas venezolanas y lesionar el Estado».
Detalló que Alcides José Bracho (alias Víctor), Emilio Antonio Negrín (Alias Pirela), Gabriel José Blanco (alias Ricardo), Reinaldo Cortez (alias Cortez), Alonzo Valentín Meléndez (alias Valentín) y Néstor Astudillo (alias Orlando) fueron sentenciados a 16 años de prisión por el Juzgado 2° en función de Juicio con competencia en casos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, por los delitos de «conspiración y asociación».
La investigación
Sobre la pesquisa, Saab manifestó que se obtuvieron evidencias que «este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno».
Refirió que entre ellas se encontraba «el asalto del Conscripto de Alistamiento Militar de San Jacinto, en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto, el cual contaba con 120 fusiles modelo FAL».
Asimismo, señaló que «los condenados planificaban usar esas armas para realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de Julio del año 2022, donde se encontraba presente el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el alto mando militar».
Igualmente, destacó que «actuaron como miembros de la organización URP en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, y fueron apoyados desde la República de Colombia».
Explicó que al momento de la aprehensión, realizada entre el 4 y el 9 de julio de 2022, a los seis hombres «se les incautaron evidencias de interés criminalístico que los vinculaban al citado grupo subversivo».
La máxima autoridad del Ministerio Público reveló que Alcides José Bracho alias “Víctor”, era quien «fungía como jefe de la organización, bajo instrucciones y el financiamiento de Ángelo Heredia, exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana en situación de deserción, actualmente en el exterior».
Informó que a Bracho «se le incautó un arma de fuego en su residencia, la cual tenía en su poder sin la permisología correspondiente, por lo que se le acusó adicionalmente por el delito de posesión ilícita de arma de fuego, causa que en la actualidad se encuentra a la espera de la audiencia preliminar».
Destacó que «el juicio se extendió por casi 6 meses y tuvo un total de 13 audiencias en las que fueron evacuados 15 órganos de prueba que sustentaron la acusación, que llevaron al juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados.»
“Ninguno de estos sujetos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de algún sindicato”, expresó Saab.
Por último, informó que «este caso se trató en una reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyos funcionarios quedaron satisfechos con la información que se les brindó».
En esa oportunidad, “verificaron que los condenados no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que eran juzgados por realizar actos conspirativos en contra del Estado”.
Nota de prensa
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