El gobierno de Estados Unidos aseguró a la Organización de las Naciones Unidas que las contribuciones al fondo humanitario para Venezuela no serán confiscadas por los acreedores, según informes de Bloomberg.
Esta decisión, anunciada por la administración de Joe Biden, tiene el potencial de reactivar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los representantes de la oposición venezolana, especialmente en vista de las próximas elecciones presidenciales.
En un esfuerzo por garantizar la transferencia segura de los fondos y protegerlos de los prestamistas que buscan el pago de la deuda, Estados Unidos se compromete a colaborar con los bancos que poseen activos venezolanos, algunos de los cuales se destinarán al fondo humanitario.
Venezuela ha incumplido una deuda de 60.000 millones de dólares en 2017 y actualmente se encuentra en deuda por miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales. Esto ha llevado a que los acreedores se enfoquen en los activos congelados fuera del país debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
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El principal activo offshore de Venezuela, Citgo Petroleum, se encuentra en un alto riesgo, ya que los acreedores, como Crystallex y el gigante petrolero ConocoPhillips, están presionando a los tribunales para que obliguen a la venta de las acciones de su empresa matriz con el fin de cobrar los laudos arbitrales por la expropiación de sus activos en Venezuela.
En 2022, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había indicado a la ONU que no podía garantizar la seguridad de los fondos frente a los acreedores. Sin embargo, la ONU ha mantenido su compromiso de avanzar en el acuerdo humanitario.
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