En junio de 2022 a Ismael Lorenzo le robaron la yunta de bueyes del patio de su casa en el municipio Cumanayagua, en Cienfuegos. No fue hasta dos días después —al cabo de una denuncia y varias llamadas telefónicas— que la Policía llegó al lugar en busca de evidencias.
El Toque
«Tomaron dos fotos y me dieron la “tirilla” (constancia exigida por el Registro Pecuario para dar de baja a los animales perdidos)», resume el campesino. A sus 70 años comprendió que no tenía la salud necesaria para las guardias nocturnas o para «andar cogiendo los soles del mediodía» que requieren vigilar sus reses en el potrero. Por eso, decidió vender el resto de su rebaño, tres vacas y una novilla.
El domingo 26 de febrero solo le quedaba una vaca, pero «entre las once de la mañana y las tres de la tarde» también se la llevaron.
En los días posteriores, Ismael recorrió los campos cercanos buscando los restos del animal, mientras llamaba periódicamente a la Policía para que visitaran su finca o al menos le entregaran la «tirilla» con que certificar la pérdida de la res. La Resolución 970 «Reglamento para el Control del Ganado Mayor», aprobada en 2016, otorga a los campesinos un término de diez días naturales para entregar el comprobante de la denuncia si la pérdida de ganado es producto del hurto o del sacrificio ilegal. De no cumplir los trámites dentro del plazo, se arriesgan a multas de miles de pesos.
Encontrar los restos le llevó dos días, y otros tres para que la Policía llegara hasta su finca, pues alegaban «problemas con el carro». Cuando finalmente lo visitaron, fue para tomar algunos datos y entregarle la certificación mencionada.
«Antes, la Policía iba al lugar del robo y tiraba fotos, pero parece que se cansaron y ya ni eso hacen. La gente no denuncia los robos en las siembras porque dice “¿para qué?”. Ni te preguntan si sospechas de alguien. Nada más se reporta el ganado mayor porque es obligatorio», confiesa el campesino.
En los últimos tiempos, el único caso —del que tiene conocimiento— en el que las fuerzas del orden actuaron con eficiencia tuvo como involuntario protagonista a un primo suyo llamado Lázaro Sarduy. El 11 de marzo varios cuatreros asaltaron su casa a pedradas con el objetivo de llevarse dos caballos que todavía no han aparecido. La lluvia de piedras destruyó parte del techo de tejas de la vivienda y un tanque de agua. Lázaro quedó tendido con la cabeza rota. Hoy lleva una placa de platino en el cráneo.
El hecho era de tal gravedad que fueron enviados hacia Cumanayagua policías de Cruces y Cienfuegos. Se desplegaron «como siete perros», que encontraron el rastro de los delincuentes a partir de una jaba de piedras que habían dejado tirada. Los detuvieron en una pelea de gallos, mientras se gastaban el botín, relata Ismael. «Ahora hay que esperar que el tribunal no los libere».
CAMPESINOS, DESOÍDOS Y «CULPABLES»
Yordany Díaz, un ganadero de Juraguá, fue asesinado en enero de 2023 por varios ladrones a los que sorprendió descuartizando una de sus reses. El crimen estremeció la pequeña comunidad del municipio Abreu, también en Cienfuegos. «En muchas ocasiones la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Abreu ha sido informada de hechos delictivos como estos y no ha habido resultados positivos para los ganaderos, aun dándoles la información completa», denunció un internauta llamado Alejo Bermúdez. El pequeño sector policial de Juraguá se encontraba casi permanentemente cerrado, pese a los reclamos de los lugareños y la creciente percepción de inseguridad.
«Me atrevo a escribir para dar luz a mi preocupación y unir criterios, y de alguna forma sensibilizar a las personas que pueden tomar las medidas necesarias para detener este fenómeno que afecta nuestros campos y ahoga nuestro campesinado. No solo hablamos del hurto y sacrificio de ganado vacuno y equino, hablamos del campesino que tiene que hacer guardia a su campo de frijoles o maíz para que no se los lleven, a los alambres de las cercas, al tabaco de las casas de cura, etcétera, etcétera», reflexionó a mediados de marzo el espirituano Yurlady Castañeda.
Este no es un asunto desconocido por las autoridades. Al respecto, se realizan conciliaciones periódicas entre la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y los ministerios del Interior (Minint) y de la Agricultura (Minag), aseguró un funcionario de la ANAP.
«Es de los temas que más inconformidades genera entre nuestros asociados, al mismo nivel ―o incluso más― que los precios o los insumos. Aunque se han incrementado los destacamentos de vigilancia campesina y la Policía ha operado contra comisores, lamentablemente no se aprecia una mejoría. El elevado costo de la carne de cerdo y otras proteínas tampoco ayuda, pues ha hecho más “rentable” el hurto y sacrificio de ganado mayor», agregó.
En vez de enfrentar la ola de delitos, en algunos territorios se ha comenzado a culpar a los campesinos por las pérdidas de ganado. Así le sucedió a un amigo de Irbis Merladet en el municipio granmense Bartolomé Masó. Le dijeron que tenía que pagar una multa de diez mil pesos para dar de baja a una vaca suya muerta a causa de una intoxicación con ortigas. «Según los funcionarios que lo atendieron, esa es una medida que se está aplicando a todos los tenedores de ganado que reporten muertes o hurtos», explicó Merladet a elTOQUE luego deplantear el caso en un grupo de agricultores en Facebook. Varios comentarios en su publicación confirmaron que sanciones similares han sido impuestas en provincias como La Habana y Mayabeque.
COMO EN TIEMPOS DE LA OPERACIÓN TAURO
Solo en los dos primeros meses de 2023 Cuba reportó 20 290 hechos relacionados con el hurto y sacrificio de ganado mayor.
Un reportaje de la televisión cubana indica que las principales causas del aumento de estos delitos son el descontrol de la masa ganadera, la ausencia de conteos rigurosos de los animales y la impunidad con la que actúan los asaltantes.
El crecimiento de los delitos se registra en todo el país. Datos oficiales arrojan que, en 2022, en Villa Clara ocurrieron 12 237 casos de esta índole, a diferencia de 2021, que fueron 4 071.
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