El estado venezolano requiere de una Ley para la Protección de los Datos Personales, normativa que permita blindar la información y que la misma sea utilizada sólo por quienes estén autorizados, según explica la doctora Romy Méndez Ruiz, asesora de la Comisión de Medios y Comunicación de la Asamblea Nacional.
Destaca que aunque es legal la obtención de datos con carácter obligatorio por parte del Estado en acciones regulatorias como en la actividad bancaria, empresarial, y en general toda actividad que requiera información personal, pero se requiere un instrumento jurídico que prohíba la divulgación pública de estos datos.
“El objetivo fundamental es proteger la información, que se pueda usar solo institucionalmente, pudiendo establecerse la obligatoriedad de suscribir un contrato de confidencialidad, so pena de sanciones civiles, penales y administrativas y excepcionalmente en procesos judiciales para el fin de los actos que revisten tal carácter, dicha data se le puede dar distintas aplicaciones y debe estar conforme a su requerimiento, contemplando limitaciones que el Estado debe tutelar”, expresó Méndez Ruiz.
La propuesta, sostiene la Asesora de la Comisión de Medios, contempla además el establecimiento de garantías para el usuario que la suministra, sobre la restricción de su empleo y en casos muy particulares reservada por la indemnidad y la integridad de niños, niñas o adolescentes cuando así sea solicitado por un ente calificado y bajo estricta reserva legal previa verificación de su legitimación para actuar.
Sostiene además que en el marco de la Ley el Estado venezolano debe optimizar los procesos técnicos con miras a la aplicación de las mejores prácticas y estándares que permitan la encriptación y garantizar la recuperación de la información, ante desastres que pudieran generar perdida de la base de datos de las entidades públicas o privadas.
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“Esta ley es imperante necesidad, a los fines de prevenir pérdidas de información importante para los procesos públicos y los privados vinculados al Estado por las actividades que realizan y que requieren control del mismo”, señaló.
Para la Dra. Romy Méndez es necesaria e inminente la regulación de las distintas modalidades del Dato y su tratamiento en los procesos de intercambio de información por medios electrónicos, a los fines de garantizar un marco jurídico indispensable que permita a los diversos actores involucrados, desarrollarse y contribuir con el crecimiento de las nuevas tecnologías dentro del país.
“Esta instrumento legal debe estar en conjunción con otras leyes que la Comisión de Medios y Comunicación ha creado y presentará para su discusión, vinculadas a las actividades que le son propias tales como la del Ciberespacio, la Orgánica de Telecomunicaciones, la ley de Redes Sociales, La Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, la de Comunicación Popular entre otras”, expresó Méndez Ruíz.
Nota de prensa
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