La Royal Canadian Mint Company, empresa canadiense que acuña las monedas de curso legal y de colección de Canadá, suspendió su compra de oro producido por una empresa guyanense tras ser vinculada a la minería ilegal en Venezuela, controlada por distintas mafias en el sur del país caribeño y de la que se vale el régimen de Nicolás Maduro para obtener divisas.
La empresa en cuestión es El Dorado Trading. La entidad canadiense informó la decisión luego de que la London Bullion Mark Association (LBMA), el mercado mayorista de lingotes de Londres, le informara que había recibido una queja al respecto.
Por Infobae
El Dorado negó enfáticamente la acusación, indicando en un comunicado que sus operaciones “cumplen con los estándares más altos en el que es uno de los sectores más regulados de Guyana”. También informó que “aún sin estar al tanto del intercambio enrte ambas entidades, había estado en contacto con una auditora de renombre internacional -aprobada por la LBMA- para llevar a cabo una auditoría de su cadena de suministro y cumplimiento de obligaciones legales”.
No obstante la defensa de la minera, la entidad canadiense aún no ha informado de cambios en su postura de suspender la operatoria “hasta nuevo aviso”. La venta de oro ilegal constituye una de las únicas fuentes de ingresos de la dictadura venezolana. El mineral es extraído a través de trabajo cuasi esclavo en el sur del país, especialmente en la región conocida como el “arco minero del Orinoco”. En el área también abunda el tráfico de personas, la explotación sexual y la extorsión.
La práctica es controlada por mafias locales con la acquiesencia del régimen. Y, según numerosos informes, por cada cargamento que el Ministerio de Minas entrega al Banco Central de Venezuela, sale del país por contrabando hasta tres y cuatro veces la carga.
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Uno de los últimos informes, producido por la organización Kapé Kapé, reveló que el incremento desmedido del contrabando en el Arco Minero se debe a la conformación progresiva de prácticas delincuenciales, con participación de distintos que manejan cuantiosas cantidades de oro, coltán, diamantes y otros minerales de modo ilegal, lo cual “solo ha sido posible a partir de la complicidad que el Estado ha tenido con distintos grupos, dentro de los cuales se encuentran: sindicatos, disidentes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas del país y altos funcionarios del gobierno”.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 60 países, ha solicitado a la comunidad internacional que catalogue al producto como “oro de sangre” y que, aún si no se logra identificar el paradero de las toneladas que no terminan en manos del régimen, eviten que la cantidad que sí lo hace sea comercializada.
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