El tope histórico de los precios del oro fortalece las economías criminales alrededor del Arco Minero del Orinoco, el salvavidas económico del régimen de Nicolás Maduro y del estamento militar en Venezuela, reseñó Correo del Orinoco.
La cotización del oro ha llegado a un máximo histórico este miércoles al superar la barrera de los 2 mil dólares por onza, un hecho no menor en un país como Venezuela cuya economía se ha volcado al oro como auxilio financiero en medio de la destrucción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del aparato productivo.
La pandemia y su consecuente impacto en las economías mundiales, aunado al debilitamiento del dólar y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, han presionado el alza. En lo que va de año el metal se ha revalorizado un 35% con respecto a 2019, y estiman muy probable que este sea el año de mayor crecimiento desde 1979. No pasa solo con el oro, también con los precios de la plata que han subido más del 30% hasta la fecha.
La presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, sostiene que con controles legales y medioambientales legítimos esto sería una gran noticia considerando que Venezuela es el país con las mayores reservas de oro en Latinoamérica con 161,2 toneladas, según las cifras del Consejo Mundial del Oro.
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Pero lejos de eso, el récord histórico del metal supone para Venezuela no buenas noticias en términos políticos. “Lo que sucede en Venezuela es que la auditabilidad y la transparencia es completamente opaca, y allí comienzan los problemas: tanto por el circuito que representa el mineral en la mano de los mineros, y los efectos perversos que una explosión de ingresos genera en la zona, como los efectos perversos que este aumento de precios genera en los ingresos manejados por el poder”.
Para tener una referencia de lo que significa este precio, apuntó que para el 2000 el proyecto minero Las Cristinas (en el municipio Sifontes) se cerró, entre otras razones, porque la onza estaba en 250 dólares.
El impacto de estos precios se sentirá no solo en la política, en lo social, sino también en lo militar: “va a significar una inyección de recursos que permite reflotar el manejo del poder por parte de Maduro; en materia social temo que va a continuar el aluvión de desplazados, la densidad de trabajadores informales y esto va a tener un efecto aún más perverso en todo el espacio del estado Bolívar, y estados aledaños”, destaca la defensora de derechos humanos.
Los efectos también se sentirán en lo militar por lo que ya ha sido analizado e, incluso, denunciado por la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas: los militares no solamente tienen presencia operativa como Fuerza Armada Nacional en el resguardo del territorio (el ministro de Minería Ecológica es un almirante activo y el gobernador un militar retirado), sino también por la participación de funcionarios en la economía ilegal que se genera a través de la explotación del oro.
Emblemático es, por ejemplo, el caso de Alex Saab y sus vinculaciones con el poder regional militar, así como el control de las procesadoras mineras a través de una Compañía Anónima Militar (Caminpeg), o las sanciones a socios de Nicolás Maduro Guerra por sus vinculaciones con la actividad minera. “Va a ser un mayor incentivo de intereses del sector militar con las actividades conexas”, analizó.
Para San Miguel esto es solo un abreboca de los cambios en las dimensiones políticas y económicas, una “transfiguración que va a tener la región. Ya no hay retroceso en la ruta que se ha desarrollado por la desinstitucionalización del Estado en estos territorios”.
El precio del oro, con su favorable alza, robustece el fenómeno de las economías criminales que propicio el Gobierno. “Es un monstruo de tal dimensión que ya adquirió una dinámica propia. Contenerlo, frenarlo, es algo parecido a lo que sucede en el Táchira”.
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