Estados Unidos se está preparando para acusar a la esposa de Nicolás Maduro en los próximos meses por delitos que podrían incluir tráfico de drogas y corrupción, dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el caso.
Hace cuatro años, una figura poco importante en el liderazgo venezolano fue arrestada en Colombia y extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Demostró ser una importante captura.
El hombre, Yazenky Lamas, trabajó como guardaespaldas de la persona que muchos consideran como el poder detrás de Nicolás Maduro: Cilia Flores.
Ahora, con la ayuda del testimonio de Lamas, se espera que Estados Unidos acuse a Flores en los próximos meses de delitos que podrían incluir tráfico de drogas y corrupción, dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el caso. Si Washington prosigue con una acusación, dijeron estas personas, se espera que los cargos puedan provenir, al menos en parte, de una fallida transacción con cocaína y que ya ha llevado a dos de los sobrinos de Flores a un centro penitenciario de Florida.
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Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, declinó hacer comentarios sobre cualquier posible cargo contra Flores.
Por su parte, Jorge Rodríguez dijo a Reuters en un mensaje de texto que las preguntas sobre la posible acusación a Flores en Estados Unidos eran “asqueantes, calumniosas e insultantes”.
En una serie de entrevistas con Reuters, las primeras que Lamas ha dado desde su detención, el exguardaespaldas dijo que Flores estaba al tanto del lío de tráfico de cocaína por el que dos sobrinos fueron condenados por un tribunal de Estados Unidos.
Flores también utilizó su privilegiada posición, dijo Lamas, para recompensar a miembros de la familia con importantes y bien remunerados cargos, un reclamo respaldado por otros entrevistados para este artículo.
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Hablando detrás de un vidrio reforzado en la prisión de Washington, donde está detenido, Lamas le dijo a Reuters que declara sobre Flores porque se siente abandonado por el régimen de Maduro, todavía instalado en el poder a pesar de que muchas de sus figuras centrales, incluido Maduro, también han sido acusadas de crímenes.
“Me siento traicionado por ellos”, dijo a Reuters.
A fines de marzo, fiscales estadounidenses acusaron a Maduro y a más de una docena de funcionarios y exfuncionarios chavistas por cargos de narcotráfico y contrabando de drogas.
La oficina de Maduro no respondió solicitudes de comentarios. En un discurso televisado después de las acusaciones, Maduro negó los cargos contra él y sus colegas, calificandolos de una fabricación por motivos políticos. “Eres un miserable, Donald Trump”, dijo.
Las acusaciones de marzo y los posibles cargos contra Flores se producen en medio de una nueva campaña de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro. Su permanencia en el control del poder, dicen algunos funcionarios estadounidenses, es una fuente de frustración para Trump.
En 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Maduro y un año después hizo lo mismo con su esposa y otros miembros del “círculo íntimo” de Maduro. El golpe a Flores enfureció a Maduro. “Si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí” , dijo en un discurso televisado en ese momento. “Pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes”.
Aprovechando las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus en Venezuela, la Casa Blanca ahora espera poder expulsar a quien ha resistido años de crecientes sanciones económicas, disturbios civiles y aislamiento internacional.
Washington ha acusado a Maduro y su círculo de saquear a Venezuela de miles de millones de dólares. Pero no está claro cuánta riqueza personal poseen él y Flores.
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Ni Maduro ni Flores revelan declaraciones de ingresos, de impuestos u otros documentos relacionados con sus finanzas personales. Después de que los fiscales acusaron a Maduro, el Departamento de Justicia dijo que había incautado más de 1.000 millones de dólares en activos pertenecientes a decenas de acusados ??relacionados con el caso. Los cargos ni detallan esos activos ni especifican quién los tenía.
Aparte de Lamas, Reuters entrevistó a más de 20 personas cercanas o conocedoras de Flores. La retratan como una política astuta y sigilosa que, después de escalar las alturas del partido socialista como legisladora, ahora ostenta gran parte del poder de la oficina de su esposo, exigiendo reuniones importantes incluso antes que el presidente y negociando personalmente con emisarios extranjeros, legisladores rivales y otros.
“Cilia Flores siempre ha estado tras la cortina moviendo los hilos del poder”, dijo Manuel Cristopher Figuera a Reuters.
Flores buscó concesiones personales en negociaciones con Estados Unidos en los últimos años. Según cinco personas familiarizadas con esas conversaciones, Flores dio instrucciones a los intermediarios de pedir a los enviados estadounidenses la libertad de sus dos sobrinos encarcelados. A cambio, esos intermediarios dijeron que Venezuela liberaría de prisión a seis ejecutivos de Citgo Petroleum, el refinador en Estados Unidos de la empresa petrolera estatal venezolana.
Los ejecutivos, detenidos en 2017 en Venezuela y luego acusados por cargos de peculado y legitimación de capitales, entre otros, son considerados como presos políticos por activistas de derechos humanos y muchos en la comunidad empresarial.
Lamas, que ahora tiene 40 años, pasó cerca de una década custodiando a Flores, primero cuando era legisladora y encabezaba la Asamblea Nacional, luego cuando se convirtió en primera dama. Después de su extradición en 2017, Lamas llegó a un acuerdo con los fiscales estadounidenses, según un documento confidencial del Departamento de Justicia revisado por Reuters.
Lamas aceptó cargos de tráfico de drogas y accedió a convertirse en testigo. Ese acuerdo no había sido reportado hasta ahora.
En el acuerdo de culpabilidad, Lamas admitió los cargos de tráfico de drogas y acordó cooperar como testigo en las investigaciones relacionadas con su caso. La orden judicial colombiana que aprobó su extradición, también revisada por Reuters, dijo que Lamas conspiró para enviar cocaína desde Venezuela en aviones registrados en Estados Unidos. Ni la orden judicial colombiana ni el documento del Departamento de Justicia mencionan a Flores, Maduro u otros miembros de la familia.
Debido a los términos del acuerdo — dijo que todavía espera sentencia y continúa testificando en investigaciones relacionadas — Lamas se negó a discutir detalles específicos sobre el caso en su contra. Su abogada en Washington, Carmen Hernandez, también declinó hacer comentarios.
La información que ha proporcionado a los investigadores, incluidos los detalles sobre el supuesto papel de Flores en el plan de tráfico de drogas de sus sobrinos, es considerada creíble por las autoridades estadounidenses, según las personas familiarizadas con las investigaciones. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo a Reuters que la DEA le da “gran importancia” al testimonio de Lamas.
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