El diputado por el estado Zulia Rafael Ramírez, miembro de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional denunció que las empresas autorizadas para la explotación del carbón no reúnen la especificidad técnica para la explotación minera.
Asegura que la creación de consorcios con empresas de origen ruso y otra turca, así como el otorgamiento de las minas de carbón ubicadas en el estado Zulia sin el control previo del Parlamento nacional violentan los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Explicó que la constitución expresa claramente que no puede haber un contrato de minerales estratégicos que no pasen por la Asamblea Nacional, ni se pueden establecer contratos con empresas que no tengan especialidad en los temas ecológicos, ni que se dedique exclusivamente a gestiones administrativas y que por eso cobren en el paquete accionario.
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“En el caso del Estado Zulia son 24.397 hectáreas que se están otorgando para la explotación minera de carbón sin control ambiental, administrativo, ni fiscal y los contratos que se están dando no están pasando por el control de la Asamblea Nacional, que permita verificar si a las empresas a las que se les están otorgando estos permisos cumplen con los requisitos para poder ser las empresas que pueden explotar carbón a cielo abierto a dentro de las minas”, expresó Ramírez.
El parlamentario zuliano sostienen que en el segundo otorgamiento de concesiones correspondiente a Socuy Cachirí y Casigua El Cubo, contempla el desplazamiento de embalses y ríos y evidentemente en ninguna de las empresas que aparecen en el consorcio tienen la posibilidad de reunir las condiciones ni los estudios ambientales, estándares que establece el derecho internacional ni la posibilidad económica de explotar lo que deberían ser tales minas.
El diputado Ramírez aseguró que desde la AN están decididos a entrar en la Comisión Especial que se creó para estudiar los riesgos ambientales de la explotación del carbón en el estado Zulia, así como en las comisiones de finanzas y contraloría para investigar lo que significa tener tres empresas extranjeras sin control previo de la AN y que no cumplen con los requisitos que exige la constitución.
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