Crisis económica generó abandono de empresas y expropiaciones

Kellogg's de Venezuela, Smurfit Kappa Venezuela, Goodyear, bajo el alegato de “abandono” forman parte de una larga lista de expropiaciones llevadas a cabo por el gobierno en los últimos años

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Pese a la marcada hiperinflación, que se agudizó en 2018, desde el Estado se continuó con su política de expropiaciones e intervenciones de empresas multinacionales, aunque en el nuevo argot oficialista se hable de “abandono” por parte de sus dueños originales. Usando diversos alegatos en todos los casos la decisión ha sido hacerse cargo de ellas y pasar a ser administradas por la “clase obrera” tal y como ha sido el discurso gubernamental desde que la llamada Revolución Bolivariana asumió las riendas del país, según reseñó El Tiempo.

Restricciones en el acceso a divisas, imposibilidad de costear materias primas, así como controles de precios han motivado que muchas multinacionales hayan minimizado su actividad o en el peor de los escenarios se han ido del país.

Tres icónicas compañías multinacionales pasaron a formar parte del Estado el año pasado en medio de la crisis económica actual.

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La primera fue Kellogg’s de Venezuela, quienes el 15 de mayo informaron a la colectividad que debido al deterioro económico y social finalizaría sus operaciones en el país. La compañía también suspendió la distribución y comercialización de todos sus productos en el territorio.

La noticia tomó por sorpresa a los más de 500 trabajadores de la planta, quienes pasaron a ser desempleados en medio de la peor crisis económica a la que se enfrenta el país. Trascendió que en su reporte financiero, del último trimestre de 2017, se había anunciado que hubo “un cambio material en el entorno empresarial enmarcado en el empeoramiento de acceso a materiales clave (materia prima) como consecuencia de restricciones” así como una caída en el volumen de producción.

Al conocerse las condiciones del cese de sus operaciones Nicolás Maduro ordenó al gabinete económico que se trasladará hasta el lugar para que la misma fuese expropiada. Al concretarse la acción fue anunciado por todos los medios de comunicación la toma de control por parte del Estado.

”La empresa Kellogg’s, en manos de inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas, y a los trabajadores les pagaron sus sueldos y liquidación, eso es inconstitucional e ilegal y que hizo el gobierno revolucionario, los ministros de la Economía abrieron la empresa y se la hemos entregado a los trabajadores y la empresa está produciendo”, señaló el presidente de la República.

El gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, también ofreció declaraciones al respecto en esa oportunidad asegurando que la planta ubicada en el sector San Jacinto, Maracay, había presencia de materia prima para al menos tres meses de producción.

El mandatario regional estableció una mesa de trabajo donde participaron líderes sindicales, obreros y dirigentes de la central de trabajadores, quienes decidieron reactivar la fase preoperatoria y dar por concluido el cierre anunciado por la transnacional.

Al conocerse la reactivación la empresa Alimentos Kellogg S.A. emitió un comunicado advirtiendo que el uso inadecuado de sus nombres comerciales es «ilícito», por lo que indicó que realizará las gestiones legales apropiadas.

Kellogg’s Venezuela inauguró su planta en Maracay en 1961, empleaba a más de 550 personas y producía el 75% de los cereales listos para comer que se comercializan en nuestro país que, después de México, era el segundo mercado más importante en América Latina para esta empresa de cereales y sus marcas Corn Flakes, Zucaritas, Müsli, Nutri-Grain, Choco Krispi entre otras.

Pérdidas patrimoniales

La empresa Smurfit Kappa Venezuela fue la segunda multinacional en ser tomada por el gobierno venezolano durante 2018. Tenía operaciones en el país desde hace 65 años, y activos evaluados en 60.000.000 de euros.

El 24 de septiembre de 2018 la trasnacional, filial de la transnacional Smurfit Kappa Group (SKG), confirmó en un comunicado que la responsabilidad de las operaciones había pasado al gobierno venezolano, “debido a las continuas interferencias y detenciones de empleados de la empresa”.

Informó a sus clientes que debido a una notificación de “ocupación temporal” de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en las instalaciones de la filial venezolana, Smurfit Kappa Group, no podía manejarse de manera ajustada a sus estándares de negocios, por lo que no era responsable del mal uso de las instalaciones.

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SKG denunció también la detención de Luis Lugo y Cipriano Betancourt, dos empleados de la empresa que están presos, a juicio de la empresa, bajo acusaciones injustas y arbitrarias.

Por su parte Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso de Trabajo declaró en esa oportunidad que “no es el gobierno que está ocupando Smurfit, es la clase obrera y trabajadora” de acuerdo a lo estipulado en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo.

“Con este paso los trabajadores le han dicho a Venezuela y el mundo que están en la capacidad de poner a producir las distintas plantas industriales que conforman Smurfit Kappa Cartones de Venezuela a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, nosotros como gobierno los estamos apoyando con la orden de ocupación”, dijo el ministro.

Piñate recalcó que: “No se está realizando cambio de nombre, ni expropiación y mucho menos nacionalización, simplemente los patronos de esta empresa la abandonaron y los mil 600 trabajadores la están ocupando para ponerla a producir, asumiendo su responsabilidad como clase obrera ante el país”.

El funcionario aseguró que posterior a este paso, viene la conformación de la Junta Administradora de todas las empresas, mientras tanto, los trabajadores permanecerán acá poniendo a punto los equipos y maquinaria para arrancar lo que haya que arrancar”.

“Y aunque la de molinos va a costar un poco, los trabajadores están dispuestos a ponerla a funcionar (…) Es la clase obrera la que tiene la responsabilidad de recuperar la producción que había ido disminuyendo paulatinamente en todas las plantas que conforman este complejo  industrial que abarca varios estados del país y que tienen, fincas para producción de madera entre otros rubros”, dijo.

Piñate puntualizó, “Debemos garantizar que Smurfit vuelva a revitalizarse, no para servir un patrón o capitalista, o una casa matriz que está en otro país, sino que sirva para la felicidad y atención del pueblo”.

Goodyear “forzada a cesar sus operaciones”

El pasado 10 de diciembre Goodyear informó que había sido “forzada a cesar sus operaciones” esto en principio por la imposibilidad de acceder a materias primas razón por la cual apenas llegaba a producir 20% de la capacidad instalada para producir 10.500 neumáticos diarios.

La empresa aseguró haber cumplido con el pago de salarios y beneficios laborales a sus empleados. Además, señalaron que dispusieron de un monto “adicional extraordinario” que será desembolsado en los próximos días, así como 10 neumáticos para cada trabajador.

Ante ello el gobierno denunció la acción como un acto de “sabotaje y boicot”, solicitando a la Fiscalía investigar penalmente a los representantes de la firma.

Aduciendo la “violación de los derechos laborales” de los 1.160 empleados, el ministerio resolvió la “ocupación inmediata de la entidad de trabajo C.A. Goodyear de Venezuela” decretado y publicado en la Gaceta Oficial 41.552 con fecha del 26 de diciembre, documento que incluye la resolución del Ministerio para el Trabajo.

En la resolución, el ministerio también ordenó el reinicio de actividades y, alegando que la empresa fue abandonada por sus representantes, dispuso la conformación de una “junta administradora especial” con delegados del personal y del sindicato del sector.

Con información de El Tiempo

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