Buhoneros robustecen el mercado negro de efectivo

En Catia los billetes son el bien más preciado entre los revendedores. Un billete de 100 mil lo venden en 200 mil bolívares.

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Entre la muchedumbre de pasos resueltos y los desperdicios que atestan el corazón del Bulevar de Catia se abre una ruta consabida de reventa de alimentos que gana adeptos. Quienes acuden a ese lugar lo hacen atraídos por la promesa no expresada de conseguir la comida que falta en los anaqueles, sin cola y a un precio más económico.

Pero el mercado, que transcurre a cielo abierto en las calles de Colombia y Argentina, impone sus propias pautas y se torna cada vez más exclusivo. En esa zona solo se transa con billetes y más allá de ser un medio de pago, el efectivo encarna un bien en sí mismo que tiene precio y se expende en el mercado negro: es la industria de una moneda que se percibe anémica. Se trata de un negocio aupado por la hiperinflación y la falta de liquidez que presionan los precios, según reseña un trabajo de El Universal.

En ese sitio algunos comerciantes informales exhiben sus bienes sobre el piso, otros solo vocean lo que tienen y trasladan a los compradores hasta galpones encubiertos donde se almacena comida subsidiada por el Gobierno como harina de maíz, leche, azúcar y arroz.

El lugar atrae a personas como Lisbeth Montilla, una residente de San Antonio de Los Altos, quien acudió por primera vez a Catia este fin de semana para abastecerse de artículos básicos. «Aquello es impresionante los buhoneros cambian, venden y compran la comida que se distribuye a través de los CLAP. Me llevé un millón 100 y compré dos kilos de harina, dos de arroz y una de pasta corta pequeña y me quedó dinero». En Plaza Sucre un kilo de arroz tiene un costo de 120 mil bolívares si se cancela en efectivo, pero el precio varía en algunos expendios que disponen de pago electrónico. En un establecimiento formal, un kilo de arroz puede costar hasta medio millón, si es saborizado.

El director de la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios, Alfredo Padilla, señala que el negocio de vender en efectivo arropa incluso a los programas gubernamentales de distribución de alimentos. «En el país hay mercado negro para todo: para gasolina, billetes, dólares y alimentos». A propósito de ello, este domingo fue detenido Randi Sequera Querecuto, de 19 años, quien presuntamente encabeza una red de revendedores en Catia. El joven llevaba 50 bolsas CLAP en su vehículo.

La creciente demanda de efectivo ocurre en una contexto económico en el que persisten las fallas de billetes en las entidades bancarias. Las remesas que envía el Banco Central de Venezuela son insuficientes para atender la demanda que aumenta por la hiperinflación. Según estimaciones de la Asamblea Nacional, durante el primer trimestre de 2018 la inflación acumulada fue de 453,7% y en 12 meses la variación fue de 8.878,1%.

Víctor Maldonado, exdirector de la Cámara de Comercio de Caracas, asegura que es la consecuencia del envilecimiento de la economía. Advierte que la demanda de efectivo deja al margen a la mitad de los venezolanos activos. «Esa gente está saliendo del círculo económico. Aunque tengan algo para ofrecer, no tienen cómo cobrarlo». La coyuntura contrasta con el gasto desordenado del gobierno en subsidios. Maldonado indica que muchos trabajadores por cuenta propia intercambian bienes y servicios en el terreno de la buena fe: se prometen y se cobran bajo transacciones bancarias. Señala que incluso en algunas comunidades existen puntos de venta compartidos y hay quienes aprovechan la carestía de esos equipos, cuyos costos superan los 120 dólares, para hacer de su alquiler una actividad en sí.

Los comerciantes, dice Maldonado, deben garantizar que cada punto de venta sea rentable pero un puesto de yuca no produce lo que cuesta mantener la plataforma electrónica. «Son los efectos terminales del socialismo del Siglo XXI. Que un billete de 100 cueste 200 indica que vivimos en una economía con metástasis y ello da cuenta de cómo el socialismo destruye la lógica de mercado».

Henry Gómez, presidente de la Asociación de Pequeñas Empresas, con más de 27 mil agremiados, lamenta que no exista un instrumento financiero que incluya a todo el país.

POR JULIO MATERANO