Desde que el Gobierno empezó a repartir bolsas de comida subsidiada a finales de 2015 empezaron las denuncias de favoritismo en la entrega de estos alimentos de acuerdo con la orientación política. Con el tiempo esa medida de contingencia se convirtió en una política que el Ejecutivo perfila como permanente y la «bolsa solidaria» dio paso a la caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, los reportes de discriminación política nunca cesaron y hoy los CLAP son ampliamente considerados como una herramienta de control social que pone una conducta alineada con los intereses de la autoproclamada Revolución Bolivariana como condición para el acceso a la comida.
Sin embargo, la asfixia al aparato productivo y la fuerte caída en las importaciones ha producido una escasez de alimentos que ningún mecanismo de distribución racionada puede resolver, ni siquiera los CLAP. Sencillamente no se cuenta con suficiente comida para toda la población a la que va dirigida, la cual pudiera haber crecido considerablemente debido a la pulverización del poder adquisitivo que a su vez es consecuencia de la hiperinflación. Así, las cajas CLAP a menudo no llegan con la frecuencia que deberían (entre dos y tres semanas para cada familia). También suele ocurrir que cuando llega un cargamento, las unidades no son suficientes para todos los «beneficiarios» en la zona o no tienen todos los productos que deberían.
La reacción a estas situaciones por parte de los venezolanos que solo piensan en cómo llegar al día siguiente con algo en el estómago ha sido en forma de protestas espontáneas, desarticuladas y focalizadas en reclamo de alimentos, algunas de las cuales se han tornado violentas.
El cierre de vías es una de las modalidades más escogidas por los manifestantes que reclaman cajas CLAP u otra forma de acceso a la comida. Sean pacíficas o no, estas protestas a veces son reprimidas por organismos de seguridad del Estado. Por ejemplo, hace dos semanas vecinos de Punta de Mulatos, en Vargas, trancaron la avenida Soublette (principal arteria víal local) para reclamar las «cajas mexicanas», llamadas así porque buena parte de los rubros en ellas son importados del país norteamericano. La Guardia Nacional Bolivariana los dispersó con gas lacrimógeno.
La semana pasada, vecinos de Palo Verde (municipio Sucre, este de Caracas) cerraron una calle para rechazar cajas CLAP que no incluían aceite y arroz. Exigieron respuestas del alcalde José Vicente Rangel Ávalos.
Para otros, la dependencia del Estado para comer que suponen los CLAP es en sí misma motivo de denuncia. En Caracas, un grupo de ciudadanos aprovechó las tradiciones de Domingo de Resurrección para quemar una figura que representaba al presidente Nicolás Maduro y que incluía una caja CLAP.
En cifras
El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social contó un total de 287 protestas por alimentos en enero de 2018. Este fue uno de los peores meses en tal sentido debido a que las manifestaciones a menudo se convirtieron en disturbios, con un saldo de 141 saqueos o intentos de saqueos. Si bien el sector privado se llevó la peor parte, el Estado no salió ileso: también hubo asaltos masivos de depósitos de comida para los CLAP. Y es que en ocasiones las fallas en la distribución de las cajas fue el detonante.
En febrero el número de protestas por alimentos fue menor, pero siguió siendo elevado: 105. Eso da un total de 297 manifestaciones de este tipo en los dos primeros meses del año. En cambio, en el mismo lapso de 2017 hubo 187. El incremento es de 58,8%.
Poco antes de redactarse esta nota se conoció que el Observatorio Social-Humanitario del partido Voluntad Popular totalizó 86 protestas por comida en marzo, bien sea por las deficiencias en los CLAP, por la escasez o por los precios elevados en el mercado normal.
A medida que la crisis económica se prolongue y el Gobierno no tome medidas que permitan reabastecer los mercados de alimentos, es harto probable que el malestar social siga y que los CLAP no sean capaces de contenerlo.
