La propuesta del miembro de la llamada «Asamblea Nacional Constituyente», Diosdado Cabello, de adelantar elecciones parlamentarias para tener una Asamblea Nacional «cero kilómetros» enciende las alarmas sobre el destino a corto plazo del Legislativo actual. Este, de concretarse tal planteamiento, sería disuelto en la práctica.
Entre las consecuencias que tendría para la economía una hipotética nueva AN controlada por el oficialismo está la desaparición del último obstáculo legal para el endeudamiento de la República. Como los diputados opositores se han hartado de reiterar, todo endeudamiento en divisas (incluyendo bonos, canjes, préstamos y créditos) debe ser aprobado por el Parlamento.
Otro tanto ocurre con la prerrogativa del Ejeutivo para establecer empresas mixtas. La conformación de tales compañías tiene que ser evaluada y aprobada por el Parlamento, de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Sin embargo, cabe esperar que el reconocimiento de la hipotética nueva AN puertas afuera no será completo. Es muy poco probable que los países de la comunidad internacional democrática reconozcan las elecciones adelantadas planteadas por Cabello, toda vez que se harían por orden de una ANC que igualmente desconocen. En tal sentido, aunque el Parlamento actual sea disuelto de facto, para aquellas naciones (Estados Unidos, Canadá, el grueso de Latinoamérica y casi toda Europa) seguiría siendo visto como único Legislativo legítimo.
En cambio, países aliados como Rusia, China o Irán, así como otros indiferentes ante la crisis política venezolana (buena parte de África y Asia), sí reconocerían el proceso electoral y la nueva AN. Por lo tanto, el Estado venezolano podría en teoría endeudarse con estas naciones o establecer empresas mixtas con ellas En rigor, casos de esta conducta se han venido dando desde 2016. Para dichas naciones, es legítima la anulación de la AN por el Tribunal Supremo de Justicia bajo el alegato de «desacato» a un fallo de la Sala Electoral, a propósito de una denuncia del PSUV que el Poder Judicial no ha resuelto en más de dos años. De hecho, en marzo de 2017 la Sala Constitucional emitió una sentencia autorizando al Gobierno a formar empresas mixtas sin el visto bueno de la AN.
En otro orden de ideas, aunque el Parlamento actual sea desplazado por la fuerza y sus diputados se sigan considerando como tales, queda en entredicho su capacidad para funcionar. Por ejemplo, cabe preguntarse si será posible que la Comisión de Finanzas mantenga la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional (Inpcan), una alternativa a los cálculos de inflación que el Banco Central de Venezuela se niega a difundir.
Por último, la disolución definitiva de la AN pudiera ser el catalizador de nuevas sanciones contra el Gobierno. Cabe recordar que en tal sentido las autoridades de Estados Unidos ya evalúan penalidades contra el petróleo venezolano.
