Encava bajó temporalmente la santamaría y envío a sus trabajadores de vacaciones obligatorias

Los alegatos de la empresa rondan en torno a la imposibilidad de mantener la nómina debido a que no se han vendido las unidades ensambladas dado su alto precio, que se ubica en la actualidad en 40.000 dólares más 120 millones de bolívares, según informaron los trabajadores.

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La ensambladora de autobuses Encava solicitó la suspensión de la relación laboral y envió a sus 266 trabajadores de vacaciones obligadas por 60 días con pago del bono de alimentación (Bs 189.000), pero sin sueldo, reseñó Notiespartano.com.

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“La empresa solicitó al Ministerio del Trabajo la suspensión de la relación laboral y envió a sus trabajadores a casa por 60 días. Eso quiere decir que sería en enero cuando regresaremos a trabajar, aunque no es seguro”, señaló Arturo Franco, secretario general encargado del sindicato de trabajadores de la factoría carabobeña.

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Franco informó que el cierre fue unilateral y que los trabajadores nunca fueron consultados ni informados de la medida, de la cual se enteraron cuando acudieron a la Inspectoría del Trabajo de Valencia para reclamar que desde la semana pasada la empresa impedía la entrada de los empleados.

Dijo además que el recurso fue admitido por las autoridades, pero que aún no se ha decidido nada al respecto. Este miércoles la Inspectoría realizó una fiscalización en las instalaciones para comprobar la realidad de la compañía.

No hay ventas

Los alegatos de la empresa rondan en torno a la imposibilidad de mantener la nómina debido a que no se han vendido las unidades ensambladas dado su alto precio, que se ubica en la actualidad en 40.000 dólares más 120 millones de bolívares, según informaron los trabajadores.

También señala que el gobierno les adeuda más de 15 millones de dólares en divisas adjudicadas y no liquidadas, así como por unidades no canceladas.

“Ellos dijeron que no podían mantener la nómina con los escasos recursos que reciben por las labores de reparación de unidades chocadas, que es lo que se ha estado haciendo para obtener ingresos”, dijo el vocero, admitiendo que en efecto hay unidades armadas que no han podido ser colocadas.

Destacó igualmente que la empresa cuenta con material para reanudar el ensamblaje, pero alega que no puede venderlas al precio que exige el Ejecutivo. “El gobierno quiere comprar a precios de hace seis meses, pero la compañía dice que no podría reponer inventario para mantener la operación”, comentó.

Producción cayó

La empresa fundada hace 55 años posee una capacidad para armar 3.600 unidades al año, pero en los últimos años su producción ha caído a unas 1.100 unidades en cuatro modelos distintos.

Franco señaló que en mejores momentos, la empresa ensamblaba unas seis unidades semanales, pero la caída del mercado vino mermando esa capacidad hasta llegar en los últimos meses a una unidad semanal y a solo realizar servicio de reparación más recientemente.

Esa caída de la producción trajo consigo la reducción de personal. “De los 1.200 empleados en nómina actualmente quedamos 266. Algunos fueron despedidos cuando bajó la producción, pero muchos se han retirado por cuenta propia”, dijo Franco, quien señaló que según el documento emanado de la Inspectoría, a estos se suman 40 empleados administrativos.

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