Fedecámaras condena toma de hacienda del presidente de Fedenaga

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Aseguran que las tierras ocupadas son productivas

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -(Fedecámaras), rechazó la toma por parte del Gobierno Nacional de las tierras que conforman la hacienda «El Gólgota», perteneciente al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Carlos Odoardo Albornoz.

«Destacamos que la finca es tierra productiva: produce anualmente 45 mil kilos de carne, más de 36 millones de arepas y 1 millón y medio de vasos de leche. Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, este tipo de acciones desarrollado por el Gobierno nacional sobre tierras productivas solo profundiza los niveles de desabastecimiento y sustento alimentario de la mesa de los venezolanos», expresó la organización en un comunicado.

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Aseguran que la notificación de rescate de las tierras que recibió Albornoz constituye una nueva violación al Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la libertad sindical de los empleadores y contradice el llamado reiterado del Consejo de Administración de ese organismo internacional a cesar los hechos de intimidación contra los dirigentes gremiales de Fedecámaras.

«Este tipo de hechos forma parte de las denuncias que constituyen la queja conforme al artículo 26 de la Constitución de la OIT que lleva el sector empleador contra el Gobierno de Venezuela por incumplimiento de los convenios suscritos en el seno de ese organismo internacional y ratificados por nuestro país, en la cual se encuentra pendiente para su discusión, en el mes de noviembre de este año, la decisión de constituir una Comisión de Investigación para el país que verifique la situación de incumplimiento de los convenios y exija al Gobierno su cabal cumplimiento», se lee en el documento.

Fedecámaras alerta que desde el período del expresidente Hugo Chávez  iniciado en 2007 y hasta hoy, han sido cerrados más de 1.500 establecimientos empresariales y la confiscación de más de 5 millones de hectáreas productivas. Agregan que consecuencia ha sido la destrucción del aparato productivo nacional; sin embargo, el Gobierno insiste en su conducta de «irrespeto al derecho de propiedad privada y libre iniciativa empresarial, así como afecta los derechos fundamentales de los venezolanos».

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