Las autoridades colombianas han iniciado una ofensiva diplomática para tratar de tranquilizar a las empresas españolas que operan el país y evitar una fuga de inversiones, tras la reciente intervención de Electricaribe, la filial de Gas Natural en el país caribeño.
Tanto en Colombia como en España, las máximas autoridades han tenido reuniones o han contactado con los máximos directivos de multinacionales españolas para convencerlas de que existe seguridad jurídica y que la intervención de la eléctrica es una excepción y tiene causas justificadas, informaron en fuentes diplomáticas.
El primer mensaje que se quiere trasladar desde el Gobierno de Juan Manuel Santos es que la intervención de Electricaribe no es una “expropiación” , y que el Gobierno colombiano “no está buscando ni está facultado” para quedarse con la empresa, “y siempre protegerá la inversión privada”. Más de 400 empresas españolas están presentes en Colombia, entre ellas Telefónica, Sacyr, Repsol, Mapfre o Aena.
La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia ordenó este martes la liquidación de la distribuidora y comercializadora Electricaribe, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa y en el 14,6% restante por el Estado, tras haber permanecido intervenida por el Gobierno colombiano desde el pasado 15 de noviembre.
La compañía sufría un déficit de caja que le impedía hacer inversiones, provocado por el impago de 1.260 millones de euros en facturas y por un elevado volumen de fraude en el consumo, según la explicación de Gas Natural.
“El caso de Electricaribe no tiene nada que ver con otras intervenciones como la de YPF en Argentina. Hemos aplicado la ley de insolvencia económica para que diez millones de ciudadanos tengan un suministro de electricidad adecuado, y resolver el problema crónico de mal servicio que sufren con frecuentes cortes y mala calidad”, señalaron las mismas fuentes diplomáticas.
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