Voluntad Popular exigió en Fiscalía que se acate medida cautelar de la CIDH

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El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky y la consultora jurídica del partido, Ana Leonor Acosta, exigieron que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cumpla la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a dirigentes de la tolda naranja.

“Exigimos a la Fiscal que garantice el cumplimiento de la cautelar establecidas por la CIDH. Conocemos las intenciones que tiene Nicolás Maduro de ilegalizar a Voluntad Popular y desactivarlo como partido político. Esta cautelar de la organización de derechos humanos corrobora que en Venezuela hay una dictadura, corrobora que la persecución que venimos denunciando desde hace 3 años es verdadera y que la visión que tenemos para construir un país distinto es acertada’’, denunció.

Enfatizó que buscar justicia en instancias internacionales no significa abandonar la lucha para —a su juicio—rescatar los Poderes Públicos. “Cuando no hay justicia en el país lamentablemente debemos buscarla afuera, pero esto no significa quedarnos de brazos cruzados y dejar que los poderes públicos venezolanos actúen impunemente. La visión que tenemos en Voluntad Popular de #LaMejorVzla es en un país sin entes secuestrados y con un sistema judicial que garantice los derechos de todos”.

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Aseguró que un total de 263 activistas de Voluntad Popular han sido víctimas de detención, persecución o exilio durante los últimos 3 años. “Tenemos casos más que emblemáticos como el de Leopoldo López; Daniel Ceballos; Delson Guarate; Yon Goicoechea;Alexander Tirado; Raúl Emilio Baduel; José Vicente García; Steicy Escalona y Gilber Caro. Además, de los exiliados políticos Carlos Vecchio, Warner Jiménez, Darío Ramírez, Lester Toledo, Fabiola Colmenarez, entre otros. Sin contar las amenazas que hay diariamente contra nuestra organización”, indicó.

Smolansky aseveró que ninguna amenaza, ninguna detención y ninguna persecución les impedirá seguir en su iniciativa.

La consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonor Acosta, informó que la medida cautelar fue solicitada en el año 2015 luego de continuas amenazas y persecuciones a los miembros de la tolda naranja: “Nosotros solicitamos que se dictaran medidas de protección para nuestros miembros ante las amenazas de las que han sido objetos por parte del gobierno. La CIDH consideró que hay una situación de urgencia que debe ser atendida y solicitó al gobierno nacional que garantice la vida y la integridad física de 4 de nuestros activistas: Freddy Guevara, David Smolansky, Ismael León y Juan Carlos López Gross”.

Por su parte, el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, aseguró que el gobierno está obligado a cumplir con las medidas cautelares que señala la CIDH.

Nota de prensa
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